Ya tiene fecha: Evo Morales enfrentará audiencia por trata de personas y abuso de menores

Un tribunal de la región de Tarija ha notificado por edicto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien deberá comparecer el próximo 14 de enero en un proceso por trata agravada de personas y por su supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo.

Según informó Agencia EFE, en un documento judicial emitido por el juez Nelson Rocabado, se cita a Morales para dicho día a las 9:30 horas, identificándolo a él y a la madre de la presunta víctima como “imputados”.

El edicto indica que la menor, en 2014, “fue captada” por la ‘guardia juvenil’ liderada por el exmandatario y el grupo ‘Generación Evo’. En ese contexto, se precisa que la madre y el padre, este último detenido desde octubre, permitieron que la menor “tenga contacto directo” con Morales.

Según la acusación, el entonces presidente de Bolivia, “aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima y el asentimiento de los padres”, consiguió que la menor “esté a su disposición” en diferentes lugares del país y del extranjero. De esta forma, habría utilizado a la presunta víctima “para satisfacer sus necesidades sexuales (…) en los diferentes eventos y viajes realizados sin considerar que se trataba de una adolescente de 14 años”.

Defensa de Morales y sus seguidores

Morales y sus seguidores señalaron que el caso fue rechazado hace algunos años y que ahora fue “desarchivado” con la finalidad de desprestigiarlo de cara a una candidatura presidencial para 2025.

El expresidente permanece en Lauca Ñ, una población de la zona central del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, desde finales de septiembre, cuando la Fiscalía de Tarija inició una investigación en su contra por posible trata de personas.

El anuncio de una orden de captura contra Morales motivó a sus seguidores a bloquear carreteras en el centro del país durante 24 días, entre octubre y noviembre, exigiendo que cese el proceso penal en su contra.

Acciones contra Evo Morales

Hace unos días, las autoridades bolivianas emitieron una alerta migratoria contra el expresidente, mientras que aún se aguarda una acción de la Policía para cumplir con el requerimiento judicial. Ante esto, algunos dirigentes afines declararon que Morales cuenta con un resguardo de “élite” y advirtieron que “correrá sangre” si la Policía lo detiene.

Además del caso en Tarija, en Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra Morales. El mes pasado se conoció que se abrió una investigación penal en su contra por supuesta trata de personas y abuso sexual en Argentina, donde vivió durante un año desde finales de 2019, cuando renunció a la Presidencia.

Estas investigaciones contra el político se dan en medio de su alejamiento con el presidente Arce por el control del MAS y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025, señaló EFE.

La Fiscalía Departamental de Tarija, encabezada por la fiscal Sandra Gutiérrez, ha solicitado la detención preventiva del expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por trata de personas agravada en Bolivia. Esta solicitud, presentada el 16 de diciembre, propone una detención preventiva de seis meses en una cárcel pública.

La investigación se centra en presuntos hechos ocurridos en 2016, cuando Morales habría mantenido una relación con una menor de 15 años, lo que podría constituir delitos de estupro y trata de personas según la legislación boliviana. La denuncia fue presentada en 2023, reactivando el caso y llevando a la emisión de órdenes de aprehensión.

Gutiérrez describió que se presentó “una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado”.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha respaldado la solicitud de detención preventiva, afirmando que la Fiscalía actúa con total apego a la normativa y de manera imparcial, respetando siempre el debido proceso.

En una declaración a los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, Mariaca ratificó que la acusación formal es contra dos personas, entre ellas Morales, “por el delito de trata de personas agravado”. “Se está solicitando la medida excepcional de detención preventiva por seis meses en una cárcel pública”, detalló.

También manifestó que el cumplimiento de un mandamiento de aprehensión “es trabajo de la Policía” y que esa institución deberá explicar “en qué momento ejecutarán o por qué no se hubiera ejecutado” la orden de captura emitida contra el exmandatario.

La audiencia de medidas cautelares, en la que se evaluará la solicitud de detención preventiva, está pendiente de programación por parte de la autoridad judicial competente. Se espera que el juez cautelar fije la fecha en los próximos días.

El expresidente Morales ha negado las acusaciones, calificándolas de persecución política destinada a impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2025. Actualmente, Morales se encuentra en el Chapare, una región cocalera donde cuenta con un fuerte apoyo de sus seguidores.

Simpatizantes de Morales han manifestado su rechazo a las acciones judiciales en su contra, advirtiendo sobre posibles movilizaciones y bloqueos de caminos si se concreta su detención. En ocasiones anteriores, estas manifestaciones han derivado en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El Gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, ha asegurado que no existe injerencia política en el proceso judicial y que la justicia actúa de manera independiente. Sin embargo, las tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) se han intensificado, evidenciando una fractura entre los seguidores de Morales y el actual mandatario.

Analistas políticos advierten que este caso podría tener repercusiones significativas en el panorama electoral de 2025, afectando la cohesión del MAS y su posicionamiento frente a la oposición. La posibilidad de que Morales enfrente un proceso judicial desde prisión añade incertidumbre al escenario político boliviano.

Más denuncias en Argentina

La Fundación Apolo presentó en Argentina una denuncia penal contra Morales acusándolo de presuntos delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores durante su asilo en el país, en el anterior gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La denuncia sostiene que múltiples testimonios y fuentes indican que Morales convivió en Argentina, entre 2019 y 2020, con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia en condiciones de vulnerabilidad, para realizar tareas domésticas y personales.

Uno de los testimonios clave es el de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y cercana a Morales, quien declaró haber visto a menores cumpliendo roles «serviles» durante sus visitas a la residencia del expresidente en Argentina, la cual estaba financiada por el gobierno argentino.

Ponce también afirmó que Morales recibía «niñas como obsequios» de personas interesadas en obtener favores políticos, un hecho que, según ella, era bien conocido entre sus allegados.

La presentación judicial, sustentada en testimonios y artículos de prensa, se fundamenta en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.

La denuncia fue interpuesta por el director de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, el jefe de legales, José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón.