Por qué vuelve a implementarse el uso de mascarillas en Honduras

Más de cinco años después del inicio de la pandemia de COVID-19, Honduras ha vuelto a implementar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos debido a un aumento de enfermedades respiratorias y la circulación de una nueva variante del virus. Esta medida, que entró en vigor el jueves, ha generado preocupación, especialmente por su impacto en los menores, quienes deberán usar mascarillas en escuelas, transporte público y otros lugares concurridos.

Según el Ministerio de Salud, el país reportó 654 casos de COVID-19 entre enero y julio de 2025, superando los 596 casos del mismo período en 2024. Además, se confirmaron dos fallecimientos recientes, elevando el total a seis este año, todos en pacientes con condiciones de salud preexistentes. Actualmente, cinco personas están hospitalizadas en el Hospital Escuela con sospecha de COVID-19, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas preventivas.

Si bien el uso de mascarillas en hospitales, aeropuertos, centros comerciales y otros espacios cerrados busca controlar la propagación del virus, la obligatoriedad en menores plantea interrogantes.

Los niños ya han enfrentado años de restricciones que han afectado su aprendizaje, socialización y bienestar emocional. La evidencia sobre la eficacia de las mascarillas en entornos escolares frente a las nuevas variantes sigue siendo limitada, y los posibles efectos negativos, como dificultades para comunicarse o molestias físicas, no han sido suficientemente abordados en el discurso oficial.

El gobierno también ha ordenado teletrabajo temporal para instituciones estatales, promovido la vacunación contra COVID-19 e influenza, y recomendado medidas como el lavado de manos y el uso de gel antibacterial. Las autoridades aseguran que mantendrán la vigilancia epidemiológica y podrían ampliar las restricciones si los contagios aumentan.

Aunque estas medidas buscan proteger la salud pública, es crucial que las decisiones, especialmente las que afectan a los menores, se basen en datos sólidos y consideren el equilibrio entre prevención y bienestar integral. La población merece claridad sobre los beneficios y costos de estas políticas para enfrentar esta nueva etapa con confianza, si es que algo hemos aprendido del Covid.

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Celeste Caminos
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