Violencia en Ecuador: Noboa decreta estado de excepción en cinco provincias debido a un «conflicto armado interno»

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes el estado de emergencia en cinco provincias costeras debido a un «conflicto armado interno».

La medida marca la segunda declaración de emergencia por motivos de seguridad por Noboa, quien asumió el cargo en noviembre con la promesa de revertir una situación de seguridad en deterioro que ha llevado a un aumento de muertes violentas y otros delitos.

La medida para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena durará 60 días, según el decreto.

La policía y las fuerzas armadas se desplegarán en las provincias debido a la «necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados», agregó el documento.

La seguridad en Ecuador ha empeorado desde la pandemia del coronavirus, que también golpeó la economía del país andino. El gobierno y los expertos en seguridad culpan al creciente alcance de las bandas de traficantes de cocaína, que han desestabilizado franjas de Sudamérica.

El número de muertes violentas en Ecuador ascendió a 7994 en 2023, según la policía, casi dos tercios más que en 2022.

El año pasado, el candidato presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito mientras hacía campaña.

En enero, la violencia saltó a los titulares de todo el mundo cuando unos hombres armados irrumpieron en una emisión de televisión en directo y decenas de funcionarios de prisiones fueron tomados como rehenes.

Al menos 22 funcionarios locales han sido asesinados desde el año pasado, según la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, mientras que docenas más han buscado protección policial.

Dentro de las prisiones ecuatorianas, las bandas se han aprovechado del escaso control del Estado para ampliar su poder. La violencia en las prisiones se ha vuelto cada vez más habitual, y se ha saldado con cientos de muertes en incidentes que las autoridades han atribuido a las luchas entre bandas por el control de las cárceles.

(Reuters)