Venezuela: denuncian “desaparición forzada” de madre de militar considerado preso político

La madre de un militar acusado de participar en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro fue detenida arbitrariamente el martes, confirmó su hija a través de un video divulgado el viernes.

Giovanna Monasterios, hermana del sargento Juan Carlos Monasterios, condenado a 30 años de prisión tras ser acusado de haber participado en un ataque con drones contra Maduro en agosto de 2018, confirmó que su madre, Yosida Vanegas de Monasterios, de 67 años, fue detenida el martes por la noche en un punto de control en la Pedrera, estado Táchira, fronterizo con el Norte de Santander en Colombia.

Monasterios precisó que su madre le envió un mensaje en el que le informó que estaba siendo detenida sin «orden» de aprehensión y que sería trasladada a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta en Caracas.

“Sin ningún motivo, argumento, sin ninguna orden de captura, solamente por ser la mamá de Juan Carlos. Hoy, 18 de agosto, van más de 48 horas que no sé nada de ella, está desaparecida, el DGCIM no informa dónde la tienen, ni la liberan, no la dejan hacer llamada a su familia para al menos dar una fe de vida, temo por su vida, por su salud”, denunció Monasterios en un video divulgado por Tamara Suju, defensora de DDHH, directora de Casla Institute y delegada de la Asociación Mundial de Juristas (WJA por sus siglas en inglés) ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Vanegas de Monasterios sufre de mareos, artrosis, hipertensión y problemas intestinales, alertó su hija que exige su inmediata liberación y responsabiliza “de todo lo que le pueda pasar” a Maduro; Iván Hernández, director de la DGCIM; Vladimir Padrino, ministro de la Defensa y Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM.

Casla Institute divulgó una alerta internacional en la que aseguró el gobierno venezolano lleva a cabo un “patrón de persecución” contra familiares de personas detenidas por motivos políticos que, a pesar de haber sido denunciado “múltiples veces”, “continúa repitiéndose”.

“Lo que demuestra una vez más que no existe ninguna intención por parte del Estado venezolano de cesar la represión sistemática que ejecuta contra el pueblo venezolano”, precisa un comunicado.

La organización dedicada a estudiar y defender los DDHH en América Latina también denunció que Juan Carlos Monasterios y Juan Caguaripano, un militar que se reveló contra el gobierno y que lideró un ataque armado contra una base militar en 2017, el martes pasado fueron sacados de sus celdas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y trasladados a una celda de castigo conocida como “el tigrito”.

Monasterios, de 48 años, que pidió la baja en 2013, fue detenido el 4 de agosto de 2018, mismo día del atentado contra Maduro. En ese entonces, el gobierno divulgó un video en el que se le ve esposado y con el rostro difuminado, relatando detalles de cómo se habría planificado el atentado.

La organización Justicia y Proceso Venezuela, dedicada a la protección de DDHH y defensa de presos políticos en el país, subrayó el jueves que “jamás” se habló de que la madre hubiera participado en los hechos y dijo esperar que no se esté aplicando el patrón de Sippenhaft.

Sippenhaft, explica el abogado y ex fiscal del Ministerio Público de Venezuela, Zair Mundaray, fue una política nazi de persecución penal contra acusados injustamente de crímenes contra el Estado en la que la responsabilidad se trasladaba a parientes.

Casla informó que presentará el caso ante la CPI y hace responsable de la integridad física y la vida de Vanegas de Monasterios al Estado venezolano

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, que suele pronunciarse sobre diversos casos penales a través de redes sociales, al menos públicamente, no se ha referido a la denuncia.

Esta semana el gobierno de Maduro informó que presentó ante la Sala de Apelaciones de la CPI los fundamentos de su apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que, en junio, autorizó reanudar la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.

Crédito: Voz de América