«Vamos a terminar con estas cajas negras de la política»: Milei anunció la eliminación de millonarios fondos fiduciarios

Tras su regreso de Roma, el presidente de la Nación, Javier Milei, había anunciado públicamente que eliminaría por decreto los fideicomisos. La declaración estuvo asociada a la negativa que recibió en el Congreso sobre uno de los puntos claves de la ley ómnibus. Ahora lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa. 

“Vamos a avanzar fuertemente sobre todas las cajas negras de la política, ¿Tenés alguna duda que yo voy a hacer el decreto que los limpie (los fideicomisos)? Si los tengo a tiro de un decreto, ¡anotálos!”, había enfatizado Milei en una entrevista con La Nación+ el pasado miércoles desde la Casa Rosada. 

Según explicó Adorni esta mañana, el motivo de la medida se basa en que los -al menos 29- fondos fiduciarios que se eliminarán 1) “Carecen de transparencia”, 2)  Son parte de “cajas de la política” y 3) Se trata de una cifra que ronda en los dos mil millones de dólares, lo que representa casi el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina.  

“Vamos a terminar con estas cajas. Entendemos y apelamos a que la política comprenda que efectivamente la transparencia tiene que estar por encima de todo, y que le dé lugar a lo que planteamos en la Ley Ómnibus en uno de los puntos, que era la eliminación de estos fondos”.

El argumento de quienes se oponen al manejo de fondos públicos a través de fideicomisos es que ese sistema suele tener menores controles que las partidas que integran el Presupuesto oficial, lo que hace que su funcionamiento sea menos transparente que el gasto público habitual de las reparticiones del Estado a través de ministerios y entes del gobierno, que son aprobados por el Congreso y sujetos a auditorías. 

El vocero presidencial no puntualizó cuáles son los fideicomisos que se eliminarán en esta primera etapa.

El inciso “h” del artículo 4° del proyecto de la Ley de Bases fue uno de los que generaron la falta de consenso para la aprobación en particular del proyecto. En el mismo se le otorgaba al presidente de la Nación el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Gobernadores y otros sectores que se vieron directamente afectados por la medida se opusieron con fuerza a la aprobación, llevando a la no aprobación por parte de los diputados representantes. 

Uno de los fondos bajo escrutinio es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Las organizaciones piqueteras y los movimientos sociales peronistas han expresado su activa oposición a que los diputados aprueben el inciso en cuestión, dado que ellos, a través de sus cooperativas, reciben el 9% de esos fondos destinados a fomentar la integración socio urbana de asentamientos registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares.

Otros fondos fiduciarios destacados son el «Procrear», el Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), el «Estabilizador de Trigo Argentino» y el Fondo de Infraestructura Hídrica, entre otros.

El fideicomiso representa un mecanismo legal que básicamente disocia la propiedad legal de los activos de su control económico y beneficio. Los fideicomisos públicos son presupuestos enteros que afectan a las cajas provinciales. 

A través del acuerdo entre las tres patas de un fideicomiso, que son: el fideicomitante, el fiduciario y el beneficiario, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra en beneficio de terceros.