Un juez de Ohio ratifica la prohibición de que los menores reciban tratamientos de «reasignación» de género

Un juez de Ohio ratificó el martes una ley estatal respaldada por los republicanos que prohíbe los tratamientos de «reasignación» de género, como los bloqueadores de la pubertad y las hormonas, a los menores transexuales.

El fallo del juez Michael Holbrook, del Tribunal de Causas Comunes del condado de Franklin, se produjo tras un juicio sin jurado celebrado el mes pasado. Holbrook había bloqueado previamente la entrada en vigor de la ley mientras estudiaba el caso.

El fiscal general de Ohio, Dave Yost, acogió con satisfacción la decisión, según declaró en un comunicado su portavoz, Bethany McCorkle.

«Este caso siempre se ha basado en la autoridad de la legislatura para promulgar una ley que proteja a nuestros niños de tomar decisiones médicas y quirúrgicas irreversibles sobre sus cuerpos», dijo McCorkle.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Ohio, que representan a los demandantes, dijeron que apelarían.

«Esta pérdida no solo es devastadora para nuestros valientes clientes, sino también para los muchos jóvenes transexuales y sus familias de todo el estado que necesitan esta asistencia sanitaria vital y crítica», declaró en un comunicado la directora jurídica de la ACLU de Ohio, Freda Levenson.

La asamblea legislativa de Ohio, controlada por los republicanos, aprobó la ley en enero, convirtiendo al estado en uno de los 22 que restringen la atención a menores en la «reasignación» de su género.

La votación anuló el veto del gobernador Mike DeWine, republicano que dijo haber tomado su decisión tras escuchar a padres de jóvenes transexuales que la atención de «reasignación» de género había salvado la vida de sus hijos.

Las familias que la impugnaron argumentaron que iba en contra de una enmienda de 2011 a la Constitución del Estado, que decía que ninguna ley estatal podía prohibir a los ciudadanos de Ohio la compra de asistencia sanitaria.

Holbrook dijo que la enmienda no impedía que el Estado prohibiera las malas prácticas de los proveedores de atención médica, y que el Estado había determinado que la atención de «reasignación» de género es una mala práctica. El juez escribió que «el remedio para quienes se oponen… no puede encontrarse en el sistema judicial, sino en su voto».

El juez también dictaminó que el Estado tenía un interés legítimo en aprobar la ley porque los cuidados de «reasignación» de género «conllevan un riesgo innegable y resultados permanentes».

(Reuters – parcialmente modificado)