Trump rechaza acusaciones de “dictador” y defiende despliegue de tropas en ciudades con alta criminalidad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes a las críticas sobre el uso de la Guardia Nacional y la intervención temporal en la policía de Washington D.C., asegurando que las acusaciones de autoritarismo son infundadas.
En un acto en la Casa Blanca, Trump sostuvo que su gobierno actúa ante el aumento de la violencia en algunas ciudades del país y rechazó las voces que lo señalan como un líder autoritario.
“No me gusta un dictador. Yo no soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente”, afirmó.
El mandatario explicó que la decisión de permitir que efectivos de la Guardia Nacional patrullen armados en la capital responde a la necesidad de controlar lo que describió como una ola delictiva. Además, advirtió que la estrategia podría extenderse a otras ciudades, mencionando a Chicago y Baltimore como lugares con altos índices de criminalidad.
Trump criticó directamente al gobernador de Illinois, JB Pritzker, por cuestionar sus políticas antes de que se concretara el despliegue. En tono firme, el presidente calificó a Chicago como “un campo de muerte” debido a los niveles de violencia, y señaló que sus opositores se niegan a reconocer la gravedad de la situación.
“Dicen: ‘No lo necesitamos. Libertad, libertad. Es un dictador, es un dictador’. Mucha gente dice que tal vez prefieran un dictador. Yo no lo soy. Lo que hago es sentido común”, expresó.
Al mismo tiempo, Trump subrayó que, en su opinión, lo ideal sería que los gobiernos locales solicitaran apoyo federal antes de un despliegue militar. Sin embargo, insistió en que no puede permanecer indiferente cuando observa lo que ocurre en ciudades que describió como “fuera de control”.
Las medidas de seguridad han sido cuestionadas por parte de sectores demócratas, que lo acusan de sobreactuar para justificar un mayor control federal sobre las ciudades gobernadas por la oposición. Trump, por su parte, mantiene que su prioridad es restablecer la seguridad en las urbes afectadas por la violencia y proteger a los ciudadanos.
