Trump planea multas de hasta 998 USD diarios a migrantes bajo órdenes de deportación

La administración del presidente Donald Trump tiene previsto imponer multas de hasta 998 USD por día a migrantes con órdenes de deportación que no abandonen Estados Unidos, además de confiscar sus propiedades si no pagan, según documentos revisados por Reuters. Estas medidas, que buscan reforzar el control migratorio, se basan en una ley de 1996 que fue aplicada por primera vez en 2018 durante el primer mandato de Trump.

Un alto funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato, indicó que las multas podrían aplicarse retroactivamente hasta por cinco años, lo que podría resultar en sanciones superiores a $1 millón por persona. La iniciativa apunta a cerca de 1.4 millones de migrantes que han recibido órdenes de remoción por parte de jueces de inmigración. Además, correos gubernamentales revisados por Reuters revelan que se contempla la incautación de bienes de aquellos que no cumplan con el pago de estas multas.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó que los migrantes sin estatus legal deben usar la aplicación móvil CBP Home (anteriormente conocida como CBP One) para «autodeportarse y salir del país ahora». «Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias, incluyendo una multa de $998 por día por cada día que permanezcan tras su orden final de deportación», señaló en un comunicado. El DHS ya había advertido sobre estas sanciones en una publicación en redes sociales del 31 de marzo.

Presión desde la Casa Blanca

La administración Trump ha reactivado esta política tras el inicio de su nuevo mandato en enero de 2025, como parte de un amplio control migratorio. Durante su primer periodo, Trump invocó la ley de 1996 para imponer multas de cientos de miles de dólares a nueve migrantes que buscaban santuario en iglesias, aunque luego las redujo a cerca de $60,000 por persona antes de que el presidente Joe Biden suspendiera estas medidas en 2021.

Correos internos muestran que la Casa Blanca, incluyendo al Consejo de Seguridad Nacional y al subjefe de gabinete Stephen Miller, ha instado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a gestionar las multas y las confiscaciones. Sin embargo, un memorando de CBP sugirió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debería asumir esta tarea, argumentando que los sistemas actuales de CBP no están preparados y que adaptarlos implicaría costos significativos y retrasos. El documento estima que se necesitarían al menos 1,000 nuevos especialistas paralegales, frente a los 313 actuales.

Impacto y posibles desafíos

Las multas y confiscaciones podrían afectar no solo a los migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en hogares de «estatus mixto», que según el grupo FWD.us suman unos 10 millones de personas. Un análisis del Migration Policy Institute basado en datos del censo de 2019 indica que el 26% de los hogares con inmigrantes sin autorización tienen ingresos por debajo del umbral de pobreza federal, lo que sugiere que las sanciones podrían golpear especialmente a comunidades de bajos recursos.

Scott Shuchart, exfuncionario de ICE bajo la administración Biden, señaló que, aunque los migrantes podrían impugnar las multas en tribunales, la amenaza misma podría generar temor. «El objetivo no es tanto hacer cumplir la ley, sino proyectar miedo en las comunidades», afirmó. Trump, por su parte, ha enfatizado que las personas con órdenes de deportación son una prioridad para su administración, a pesar de que muchas tienen familias, empleos y vínculos establecidos en el país.

La fecha de inicio de las multas aún no está clara, y el DHS no ha comentado sobre los detalles técnicos ni la participación de Miller. Mientras tanto, la propuesta sigue generando debate sobre su viabilidad y sus implicaciones en un contexto de tensiones migratorias crecientes.