Trudeau quiere imponer cadena perpetua para los que difundan «discursos de odio» en Canadá

El Consejo de Ministros de Canadá, liderado por Justin Trudeau, aprobará próximamente la Ley C63, también conocida como la “Ley de Protección contra Daños en Línea”. Esta iniciativa, presentada con la supuesta intención de “proteger” a los usuarios canadienses del contenido circulante en las redes sociales, ha sido calificada de “orwelliana” y desencadenado un intenso debate sobre el atentado a la libertad de expresión en el país. 

La norma, cuyo proyecto fue revisado en el Parlamento a finales de febrero, sitúa la gravedad de los llamados «delitos de expresión» al nivel del terrorismo o asesinato, dado que permite la investigación e incluso la condena de una persona antes de cometer un delito. Además impone desorbitantes multas de hasta 70.000 dólares canadienses (51.000 USD) y cadena perpetua a los condenados por los cometer “apología al genocidio” en internet. 

El proyecto de ley C-63, según sus defensores, está diseñado para abordar una serie de problemas graves que afectan la seguridad en línea, particularmente la protección de los niños frente a los peligros de en la web. 

Sin embargo, su alcance y disposiciones han generado una amplia gama de preocupaciones, especialmente en lo que respecta a posibles restricciones a la libertad de expresión y el excesivo control gubernamental en línea. La medida viene a modificar varias normas ya existentes, endureciendo el criterio que establece lo que es considerado delito y también las penas. 

Una de las disposiciones más controvertidas de la ley es la posibilidad de aplicar arresto domiciliario preventivo a ciudadanos que las autoridades consideren que podrían cometer un delito en el futuro. Esta medida ha sido objeto de críticas, siendo comparada con la premisa distópica de la película «Minority Report«, lo que ha levantado temores sobre la presunción de inocencia y los derechos individuales.

Tal es así que si un juez «está convencido, por las pruebas aportadas, de que el informador tiene motivos razonables para temer» que el acusado pudiera llegar a cometer un crimen, podría «ordenar que el demandado se comprometa a mantener la paz y la buena conducta durante un período», que puede variar entre 12  y 24 meses. 

En el caso de que el presunto delincuente se negara a comprometerse, podría hasta ser enviado a prisión durante un año y ser obligado a llevar un dispositivo de vigilancia electrónico o tener que llegar a su casa a determinadas horas y permanecer en su residencia durante ciertos periodos, entre otras medidas.

Por otro lado, la ley propuesta contempla la imposición de cadena perpetua para aquellos acusados de cometer “apología del genocidio”. En este sentido, el texto modifica la sección 318 (1) del Código Criminal canadiense para señalar: «Toda persona que defienda o promueva el genocidio será culpable de un delito punible con prisión de por vida».

La principal duda con este punto radica en qué es considerado «apología del genocidio» para el gobierno canadiense. Podría suceder que los responsables del control de contenido en redes entiendan que defender la actuación militar de Israel en Gaza es defender un genocidio contra los palestinos. 

En cuanto a las multas,  pueden llegar a ser de 20.000 dólares canadienses para las supuestas víctimas y hasta 50.000 para el Estado, como sanción a todo tipo de discursos que el equipo izquierdista de Trudeau considere dañino, como por ejemplo aquellos que hagan referencia a la inmigración ilegal o el lobby LGTBI.

El ministro de Justicia canadiense, Arif Virani, ha defendido la necesidad de esta legislación, argumentando que busca garantizar la seguridad en línea y responsabilizar a las plataformas de redes sociales por el contenido que ofrecen.

Según Virani, la ley se enfocará en siete tipos específicos de contenido dañino, incluyendo aquel que victimice sexualmente a un niño, se publique íntimamente sin consentimiento, o incite al odio o la violencia, según informó Voz Media. 

Sin embargo, los críticos sostienen que la ley podría ser utilizada como un poderoso instrumento de censura por parte del gobierno de Trudeau, erosionando los derechos fundamentales de los ciudadanos en nombre de la seguridad en línea. 

La autora canadiense Margaret Atwood ha expresado su preocupación por las posibles implicaciones de esta disposición en la libertad de expresión, advirtiendo sobre el riesgo de censura y represión de ideas divergentes

Atwood denunció a través de X que, de aprobarse «el orwelliano proyecto de ley» de Trudeau, «¡las posibilidades de venganza, acusaciones falsas y delitos de pensamiento son taaan atractivas!»..

La oposición canadiense, liderada por Pierre Poilievre, ha expresado su preocupación por el alcance de la ley y ha instado a que la aplicación de las leyes contra el discurso de odio sea dejada en manos de la policía y los jueces, en lugar de ser centralizada en nuevas agencias gubernamentales.

“Creemos que estos graves actos deben ser tipificados como delito, investigados por la policía, juzgados en los tribunales y castigados con cárcel, y no trasladados a una nueva burocracia que no hace nada por prevenir los delitos ni proporciona justicia a las víctimas. No creemos que el gobierno deba prohibir las opiniones que contradicen la ideología radical del Primer Ministro. Los conservadores con sentido común protegerán a nuestros hijos y castigarán a los delincuentes en lugar de crear más burocracia y censurar opiniones».

A pesar de las críticas y reparos de todos los sectores, la propuesta de la controvertida ley ya ha pasado la primera lectura en el Parlamento y está próxima a ser aprobada.