Tribunal Supremo de Brasil sancionará a medios de comunicación por declaraciones de entrevistados

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha tomado una polémica decisión al establecer sanciones contra la prensa en caso de publicar entrevistas que atribuyan «falsamente» delitos a terceros, intensificando las preocupaciones sobre el aumento de la censura en Brasil. Este paso se suma a otros intentos previos de controlar la información, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, según ha consignado el Panampost.

La medida fue elaborada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien anteriormente tuvo conflictos con Telegram cuando, a principios de este año, la plataforma se negó a eliminar la cuenta del diputado conservador Nikolas Ferreira. Estas posibles sanciones contra los medios, simplemente por realizar entrevistas, se suman a episodios previos de persecución.

A pesar de que la Constitución de Brasil prohíbe la censura de prensa, el nuevo texto argumenta que esto no exime a la prensa de responsabilidad por «informaciones que resulten injuriosas, difamatorias, calumniosas, mentirosas y en relación con eventuales daños materiales y morales». La responsabilidad solo se establecerá en casos con «pruebas concretas de falsedad» o si el medio no ha cumplido con el «deber de diligencia» al verificar los hechos.

Cristiano Zanin, quien se convirtió en magistrado en junio de este año después de ser abogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participó en la creación de la norma. Las reacciones fueron inmediatas, y la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) planean denunciar al máximo tribunal ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el presidente del STF, Luis Roberto Barroso, sostiene que «no hay ninguna decisión que restrinja la libertad de expresión».

Los críticos, como la presidente de la Asociación de Periodismo de Investigación (Abraji), Katia Brembatti, ven con preocupación la posibilidad de que esta medida conduzca a la «autocensura» en Brasil. Advierten que los medios y periodistas solo podrán determinar si la fuente miente después de las repercusiones de la entrevista, lo que podría afectar negativamente la profesión y el acceso a la información de la población.

La medida tiene su origen en una entrevista publicada en 1995, pero su aprobación actual ha adquirido tintes políticos, ya que el STF cuenta ahora con mayoría de jueces de tendencia izquierdista, quienes fueron propuestos por el Partido de los Trabajadores (PT).

Este contexto ha generado preocupaciones, evidenciadas en un comunicado conjunto de diversas organizaciones vinculadas al periodismo en Brasil, que advierte sobre posibles impactos negativos e irreversibles en la libertad de expresión y el acceso a la información si no se respetan las garantías constitucionales.