Tribunal estadounidense retrasa entrega de participación del 51% de YPF a Argentina
Un tribunal federal de Estados Unidos decidió este lunes otorgar un alivio temporal a Argentina al suspender la orden que exigía la entrega de su participación mayoritaria (51%) en YPF, como parte de un fallo que le obliga a pagar 16.100 millones de dólares a accionistas internacionales. La medida brinda un respiro a la economía argentina, que atraviesa una situación aún delicada, a pesar de los esfuerzos del presidente Javier Milei.
La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, extendió el plazo para la entrega de las acciones hasta el 17 de julio, otorgando tiempo para que el país presente su apelación. La transferencia de las acciones estatales estaba originalmente prevista para este lunes.
El conflicto legal se originó en 2012, cuando el gobierno argentino decidió expropiar la participación de la empresa española Repsol en YPF, sin realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios, entre los que se encontraban Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. Esta medida fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como Ministro de Economía, quien desempeñó un rol clave en la nacionalización.
Los accionistas afectados iniciaron demandas en Estados Unidos, respaldados por el fondo Burford Capital. En septiembre de 2023, la jueza Preska ordenó a Argentina pagar 14.390 millones de dólares a Petersen y 1.710 millones a Eton Park. Hasta el momento, Argentina no ha cumplido con el pago y continúa apelando la decisión.
A fines de junio, Preska dictaminó que Argentina debía entregar sus acciones en YPF en un plazo de 14 días para comenzar a saldar la deuda. Sin embargo, el gobierno argentino argumentó que esas acciones están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas de EE. UU., mientras que los demandantes sostienen que la expropiación constituye una actividad comercial sujeta a ejecución.
En su defensa, Argentina advirtió que la entrega de la participación mayoritaria en YPF dañaría irreversiblemente su soberanía y afectaría la estabilidad económica, comparándolo incluso con el hipotético caso de que un tribunal extranjero exigiera a Estados Unidos enviar sus reservas de oro de Fort Knox fuera del país.
Actualmente, el gobierno de Milei enfrenta este litigio en un contexto económico desafiante, marcado por la necesidad de acumular reservas, seguir controlando la inflación y reestructurar compromisos financieros.
Aunque la decisión de la jueza Preska otorga un respiro temporal, no resuelve el problema de fondo: una expropiación impulsada en 2012 que derivó en millonarios juicios internacionales y que hoy sigue teniendo consecuencias directas en la economía y en el posicionamiento internacional de Argentina.
