Tribunal Constitucional avalaría ley que sanciona con hasta un año de prisión a quienes recen en clínicas abortivas

El Tribunal Constitucional de España se dispone a avalar esta semana la ley aprobada en 2022 que sanciona con penas de hasta un año de prisión a quienes acuden a las clínicas abortistas con ánimo de rezar o ayudar a las mujeres.

Fuentes jurídicas señalan que el Pleno del Tribunal Constitucional debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional, según La Gaceta.

De esta manera, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados del partido Vox contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, por la que se modifica el Código Penal para penalizar lo que consideran «acoso» a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar.

La formación liderada por Santiago Abascal impugnó la norma después de intentar frenarla en el Parlamento y presentar, sin éxito, enmiendas para que la presencia de personas alrededor de las clínicas con ánimo de ofrecer ayuda o rezar no se castigue con penas de prisión.

«Fue en febrero de 2022 cuando el Congreso aprobó -con los votos en contra de PP y Vox- la ley orgánica con la que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año los ‘actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos’ que ‘menoscaben la libertad de las mujeres'», señala el documento.

El texto legal también establece que los tribunales podrán imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por periodos de seis meses a tres años, punto que también ha sido respaldado por el Pleno del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, está previsto que los magistrados del Constitucional deliberen sobre si admiten a trámite o no el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la reforma de la ‘ley trans’ que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado diciembre.

El Defensor del Pueblo impugnó la norma al considerar que «patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad», según señaló en abril cuando anunció el recurso.

Además, consta en el orden del día la deliberación sobre el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la disposición de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que otorgó al País Vasco todas las facultades respecto de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

Sobre este asunto, se prevé que el tribunal se muestre a favor de estimar el recurso, toda vez que el pasado 25 de abril ya estimó el recurso presentado por los diputados del Partido Popular y declaró nula e inconstitucional dicha disposición de los Presupuestos.