Supremo brasileño da ultimátum a Musk: 24 horas para nombrar representante de X o enfrentar suspensión de la red social

El Supremo Tribunal Federal de Brasil elevó la tensión en su enfrentamiento con Elon Musk al emitir un ultimátum al magnate tecnológico el miércoles.

El juez Alexandre de Moraes ordenó a Musk nombrar un «representante legal» de X (ex Twitter) en Brasil en un plazo de 24 horas. De no cumplir, la plataforma enfrenta la «inmediata suspensión de sus actividades» en el país.

Esta decisión se enmarca en una investigación sobre la difusión de noticias falsas, en la que Musk fue incluido tras desafiar a la máxima instancia judicial brasileña. De Moraes, encargado de la investigación, advirtió que la falta de cumplimiento resultará en multas y la posible suspensión de X en Brasil.

El conflicto se intensificó después de que X anunciara el cierre de su oficina en Brasil el 17 de agosto. Musk justificó esta acción como una medida para «proteger» a sus empleados frente a las «amenazas» de De Moraes de encarcelarlos.

La polémica se remonta a meses atrás, cuando Musk acusó a De Moraes de imponer censura al determinar el bloqueo de perfiles en X sin motivo aparente y de forma sigilosa. El empresario advirtió que, en defensa de la libertad de expresión, desobedecería cualquier decisión en ese sentido, incluso si ello le acarreaba multas económicas o el cierre de la plataforma en el país.

La situación ha generado un debate sobre la legalidad de las acciones del tribunal. Andre Marsiglia, abogado constitucionalista y especialista en libertad de expresión, cuestiona la validez de la intimación realizada por De Moraes. «Esa intimación tiene que ser hecha, aunque sea en el extranjero, por medio de carta rogatoria y los instrumentos procesales necesarios para que ellos reciban allá personalmente este pedido», afirmó Marsiglia.

El experto argumenta que el código procesal obliga a que Musk, como ciudadano extranjero, reciba la intimación por medio de una carta rogatoria, no por medios electrónicos. «La suspensión sería ilegal porque esa intimación, hecha por Twitter, es nula. Es como si Twitter y el representante ilegal no hubieran recibido la intimación. Entonces sería ilegal cualquier medida derivada de una intimación nula», explicó.

Musk respondió a estas declaraciones, respaldando la opinión de Marsiglia. En su cuenta de X, el magnate escribió: «Este ‘juez’ ha violado repetidamente las leyes que juró defender», citando un artículo que recoge las declaraciones de Marsiglia y otros abogados.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil ya se ha pronunciado sobre el tema de las intimaciones por redes sociales. En agosto de 2023, la Tercera Turma de la Corte negó un recurso que pretendía que la citación de un deudor se realizara por mensaje electrónico en sus redes sociales. Los ministros concluyeron que la citación por aplicaciones de mensajes y redes sociales carece de base legal.

Thiago Pádua, especialista en derecho constitucional, comentó: «El STJ entiende que no es posible, pero la última palabra corresponde al Supremo, que puede causar un cambio de orientación jurisprudencial del STJ y de los demás Tribunales del país, provocando una enorme inseguridad jurídica».

Ludgero Liberato, experto en derecho procesal, añade que la intimación por red social no garantiza la recepción por parte del destinatario de la orden. «Es necesario que haya certeza inequívoca de que la persona recibió, y de que la persona que está del otro lado es la persona con la que se está tratando. La intimación de Twitter no asegura, de forma cabal, que Elon Musk vaya a tener conocimiento de esto», afirmó.

Algunos de los perfiles que de Moraes pretende censurar pertenecen a seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. La Policía Federal brasileña sostiene que los activistas detrás de estos perfiles han comenzado a operar desde el extranjero como solución para eludir las decisiones de la justicia brasileña.

El constitucionalista Marsiglia se expresó sobre la escalada del STJ: «La principal característica de la censura es que es una medida de fuerza desproporcionada. Suspender la plataforma, perjudicando a millones de brasileños que interactúan en las redes, porque su dueño no obedece a un juez, es un ejemplo de orden desproporcionada, un claro ejemplo de censura».