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“Sin intermediarios”: Javier Milei desreguló las obras sociales para que los usuarios puedan elegir libremente su prestador

La medida rige a partir del 1° de marzo. Si bien ya estaba contemplada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ayer se reglamentaron esos artículos.
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El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el decreto que desregula las obras sociales para que, a partir del 1 de marzo, los trabajadores puedan «elegir libremente» su sistema de salud.

El decreto publicado en el Boletín Oficial, alcanza a unos 14 millones de trabajadores que están en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas y los que pertenecen al llamado sistema general. Se incluyen también jubilados y pensionados nacionales. 

«A través de los Decretos 170/2024, 171/2024 y 172/2024 publicados en el Boletín Oficial se avanzó en la reglamentación de los artículos vinculados al Marco regulatorio de la Medicina Privada y Obras Sociales, al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al derecho de libre elección, contemplados en el DNU 70/23», informó la cartera de Salud.

La medida lleva  la firma del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse y del ministro de Salud, Mario Russo.

En pos de eliminar los privilegios de algunos sectores que lucran con la salud, el gobierno busca con la medida, que el dinero que hoy reciben obras sociales sindicales como “intermediarias”, pase a “pertenecer a los aportantes” en beneficio de la cuota que pagan.

De qué se trata

Con los cambios introducidos, los beneficiarios: 

  •  Podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas.
  • Ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo.
  • Podrán cambiar de prestador «sin ningún tipo de intermediación», «una vez al año» y «en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral»

Además se establece en el artículo 2° del decreto que el mencionado derecho a la libre elección «se hará efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud”.

Los cambios, según el gobierno, “impulsan la libre competencia entre los distintos entes privados que forman parte del sistema, en línea con lo que pregona el Gobierno Nacional para distintas áreas de la economía».

Los cambios en la regulación

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) será el organismo de aplicación de la desregulación y, a su vez llevará adelante los cambios, supervisará los aportes y contribuciones a las obras sociales y prepagas.

Este organismo llevará un Registro Nacional de Agentes del Seguro (RENA) en el que se inscribirán las entidades comprendidas en la Ley 23.660.

De este modo, las obras sociales y prepagas inscriptas en el RENA deberán garantizar a sus beneficiarios la prestación del Programa Médico Obligatorio (P.M.O.)

Entre los integrantes del RENA, cambiarán algunos aportes al Fondo Solidario de Redistribución, que tiene como objetivo principal el reintegro para tratamientos complejos y costosos de los afiliados.

En el caso de las entidades de medicina prepagas desde ahora deberán contribuir con un 20% del valor de la cuota que paga el afiliado. En el caso de las obras sociales sindicales y monotributistas, seguirán aportando el 15% y 10%, respectivamente.

Asimismo, aquellas entidades que decidan no inscribirse en el RENA, pero sigan operando bajo la Ley 26682 (marco regulatorio de la Medicina Prepaga), tendrán igualmente que aportar el 20% de la cuota adicional al aporte y la contribución.

Por otro lado, en el decreto se aclara que «la SSS no tendrá competencia para fijar valores de cuotas» y que «en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de una empresa de medicina prepaga, la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores. Tampoco se fijarán aranceles mínimos obligatorios a los prestadores públicos y privados ni se intervendrá en los modelos de contrato entre las empresas y los prestadores».

La norma también deroga el Decreto 343/2023 y faculta a los agentes del seguro de salud a “realizar convenios con los hospitales públicos de gestión descentralizada», los que serán «libres entre partes, estableciendo sus propias pautas sobre el tipo de prácticas, codificación, valores, facturación, pago y resolución de controversias».

La reacción de los gremios

Desde el sector gremial rápidamente manifestaron sus críticas. El cosecretario de la CGT y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que la medida anunciada por el gobierno «va a ser judicializada porque el único sistema solidario es la obra social», informó Télam. 

Por: Cecilia Borrelli – Mundo Libre Diario

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