Sigue la motosierra de Milei: despedidos 2.400 empleados del Ministerio de Justicia de Argentina

El Gobierno de Javier Milei continúa aplicando su política de ajuste estatal, conocida popularmente como la “motosierra”. Este martes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció el despido de aproximadamente 2.400 empleados dependientes del Ministerio de Justicia, acusados de haber sido contratados de manera “espuria” e “irregular” durante décadas, al margen del sistema de empleo público establecido en Argentina.

Según detalló Adorni en su conferencia de prensa diaria desde la Casa Rosada, estos trabajadores formaban parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El portavoz subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de eliminar prácticas que representan “negocios de pocos en detrimento de muchos”, ya que el que sale perjudicado es el contribuyente.

Eliminación de incentivos salariales irregulares

En la misma línea, Adorni informó la supresión de los incentivos por capacitación destinados al personal del Ministerio de Justicia, los cuales, según explicó, se habían desvirtuado con el tiempo hasta convertirse en una parte fija de los salarios, sin que existiera una contraprestación que justificara esos pagos.

«Como muchas de estas cuestiones dentro del Estado, los incentivos terminaron formando parte del sueldo, sin que del otro lado hubiera ningún tipo de capacitación que lo justificara», afirmó el portavoz.

De acuerdo con los datos proporcionados, estos pagos representaban un gasto anual aproximado de 15.600 millones de pesos (unos 14.500 dólares al cambio actual).

Desregulación en las capacitaciones de transporte

Por otra parte, el Ejecutivo también tomó medidas en el sector del transporte. Adorni anunció que la Secretaría de Transporte ha decidido retirar la exclusividad que tenía el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) para la capacitación de conductores profesionales. Desde 2019, esta actividad habría generado ingresos de aproximadamente 11.000 millones de pesos.

El portavoz explicó que, a partir de ahora, cualquier organismo o entidad interesada en ofrecer capacitaciones podrá hacerlo, siempre y cuando cumpla con las normativas establecidas por el Gobierno. La medida busca fomentar una mayor desregulación y competencia libre en el sector.

«A partir de este momento, aquellos que quieran capacitar conductores podrán hacerlo bajo un marco que garantice la igualdad de condiciones y la libre competencia», declaró Adorni.