Siete trabajadores de la salud enfrentan juicio por la muerte de Diego Maradona

Este martes 11 de marzo de 2025, siete trabajadores de la salud comparecerán ante un tribunal en San Isidro, provincia de Buenos Aires, acusados de homicidio por negligencia en relación con la muerte de Diego Armando Maradona.
El legendario futbolista, quien guió a Argentina a su segundo título mundial en 1986, falleció en noviembre de 2020 a los 60 años por insuficiencia cardíaca, pocos días después de una cirugía cerebral. El caso ha mantenido al país y al mundo expectantes.
Los acusados enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”, según reportes de medios locales, lo que implica que pudieron prever el riesgo fatal de sus acciones. El tribunal de San Isidro escuchará cerca de 120 testimonios en un juicio que podría extenderse varios meses. Los involucrados incluyen médicos, enfermeros y otros profesionales que atendieron a Maradona tras su operación.
El deceso ocurrió en una casa alquilada en Tigre, donde el exjugador se recuperaba bajo atención domiciliaria. Una investigación posterior señaló irregularidades graves: supervisión deficiente, manejo inadecuado de medicamentos y respuesta tardía ante su deterioro. Estos hallazgos sustentan la acusación de negligencia que ahora se juzga.
Maradona había enfrentado problemas de salud durante años, desde adicciones hasta complicaciones cardíacas. En noviembre de 2020, fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural, una condición detectada tras síntomas neurológicos. Aunque la operación fue exitosa, su estado se agravó rápidamente, desencadenando el fatal desenlace.
El proceso judicial no solo evaluará a los acusados, sino también el funcionamiento de la atención médica privada en Argentina. Un informe pericial de 2021 describió el cuidado recibido por Maradona como “inadecuado y temerario”, mientras que la defensa argumenta que sus condiciones preexistentes fueron determinantes. El caso ha reabierto debates sobre responsabilidad profesional.
Entre los imputados están el neurocirujano Leopoldo Luque, quien realizó la cirugía, y la psiquiatra Agustina Cosachov, encargada de su medicación. Ambos niegan las acusaciones y podrían enfrentar entre 8 y 25 años de prisión si son hallados culpables. El juicio promete ser un punto de inflexión en la justicia argentina.