Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. visitará prisión en El Salvador que alberga a venezolanos deportados

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, tiene programada una visita este miércoles a una megacárcel en El Salvador que alberga a venezolanos deportados por el gobierno estadounidense, en medio de una controversia legal impulsada por grupos de derechos civiles.

Noem, una firme defensora de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, también se reunirá con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, según informó el Departamento de Seguridad Nacional a principios de esta semana.

El pasado 15 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, utilizando una legislación histórica conocida por su aplicación durante la Segunda Guerra Mundial para internar a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes. La medida permitió la salida de dos vuelos con 238 hombres venezolanos hacia El Salvador, donde fueron entregados a las autoridades locales y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Sin embargo, ese mismo día, el juez federal James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aunque los aviones ya en ruta continuaron su trayecto.

La administración Trump ha defendido la legalidad de las acciones. Abogados del Departamento de Justicia argumentaron en corte que los primeros dos vuelos no violaron la orden judicial porque ya habían salido del espacio aéreo estadounidense, y que un tercer vuelo posterior transportaba a migrantes con órdenes de deportación válidas por otros motivos. Un funcionario de inmigración señaló en un documento judicial que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, pero aún representaban una amenaza, aunque no se han presentado pruebas específicas de afiliación a pandillas.

La ACLU ha cuestionado la decisión de no detener los vuelos iniciales y ha puesto en duda la legitimidad del tercer vuelo. Mientras tanto, familiares y abogados de algunos deportados han rechazado las acusaciones de pertenencia a pandillas. Un caso destacado es el de un futbolista profesional venezolano y entrenador juvenil, cuyo abogado afirmó que fue etiquetado erróneamente como pandillero por un tatuaje de una corona que en realidad homenajeaba a su equipo favorito, el Real Madrid.

La controversia ha escalado al ámbito político y judicial. Trump pidió la semana pasada el impeachment del juez Boasberg, lo que provocó una rara reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. George Fishman, exabogado de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, expresó su preocupación de que el enfrentamiento legal sobre el cumplimiento de la orden judicial pueda desviar la atención de la defensa de la Ley de Enemigos Extranjeros como herramienta de aplicación migratoria. «La administración debe acatar las órdenes de los tribunales federales, a menos que sean revocadas por una corte superior», afirmó Fishman, advirtiendo que esto podría impedir un fallo definitivo de la Corte Suprema sobre el tema.

En El Salvador, Bukele celebró la llegada de los deportados el 15 de marzo con un video en X que mostraba a los hombres siendo trasladados al CECOT, una instalación que ha promocionado como parte de su estrategia contra el crimen. El presidente salvadoreño ofreció en febrero recibir a «criminales peligrosos» deportados desde Estados Unidos, así como a ciudadanos estadounidenses.

La visita de Noem busca reforzar la colaboración con Bukele en materia de seguridad y migración, mientras la administración Trump continúa navegando las complejidades legales y políticas de su enfoque migratorio. El caso sigue desarrollándose en los tribunales, con implicaciones significativas para las políticas de deportación y las relaciones bilaterales con El Salvador.