Se esperan más despidos de empleados estatales para fin de mes en Argentina

Desde el inicio de su gestión, en el marco del plan de ajuste y ‘motosierra’, el gobierno libertario de Javier Milei ha mantenido su compromiso de reducir drásticamente la cantidad de empleados estatales, con la meta de llegar a los 70 mil despidos. 

A pesar de la cautela con la que algunos funcionarios abordan el tema, colaboradores cercanos del presidente aseguran que este objetivo se alcanzará de manera gradual, según revelaron fuentes al diario MDZ Online. 

Así lo confirmó recientemente el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa ante la consulta de un periodista, diciendo que a partir de finales de junio se producirán más despidos, en referencia a las contrataciones que tuvieron una prórroga por 30 o 60 días entre febrero y marzo. 

Una fuente de la Casa Rosada le aseguró a MDZ que los despidos previstos para finales de mes superarán los 10 mil. 

Adorni habló de los despidos como un proceso casi “permanente” de ir “revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta, y si no se corrige”. 

Y mencionó que cada tres meses se procederá a seguir avanzando con los ceses de los contratos. 

Hasta el momento, desde que Milei asumió el poder en diciembre del año pasado, se han registrado 21.103 despidos de empleados estatales, según datos oficiales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

De estos, “unos 17.174 en la administración pública, 9.066 de la administración centralizada, 6.746 de la descentralizada y 914 de la desconcentrada, mientras que en las empresas o sociedades del Estado, se registraron unos 3.909” se lee en la página oficial del organismo.

Estos datos corresponden únicamente a lo ocurrido en la planta de trabajadores a nivel nacional, no incluyendo a los municipios y gobernaciones provinciales. Tampoco se refiere a los despidos en el sector privado que, según el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), superan ampliamente a los del sector público.

Por su parte los gremios luchan para que los trabajadores desvinculados sean recontratados en medio de reestructuraciones y despidos sin causa aparente.

Desde el Ejecutivo argumentan que la purga de empleados estatales se debe a la existencia de trabajadores sin tareas específicas, empleo militante y falta de cumplimiento. Y aseguran que el gobierno “no toma a ligera” los procesos de desvinculación de personal, sino que se trata de minuciosos informes elevados desde cada ministerio para identificar irregularidades.

En los 6 meses al frente de la gestión libertaria, ya hay varios organismos estatales que fueron cerrados, como es el caso del INADI; el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; el Consejo Nacional de Agricultura Familiar y Télam. Otros institutos ya vieron una reducción significativa de su personal que se acentúa cada tres meses, coincidiendo con el fin de los contratos temporales.

Al equipo de Milei se le critica la forma en que se realizan los despidos, habiendo sido muchos empleados notificados a través de correo electrónico o telegrama durante la madrugada, y algunos que se enteraron al llegar a sus puestos de trabajo y encontrarse sin acceso. 

Algunos otros empleados son puestos en «disponibilidad» por dos meses a la espera de reasignación, seguidos por seis meses sin trabajar, para luego ser despedidos definitivamente.

Delegados estatales y trabajadores acusan que estas medidas tienen como único objetivo despedir sin causa y desmantelar el sistema estatal, y que eventualmente habrá que recontratar. 

No obstante, la administración de La Libertad Avanza sigue adelante con su plan de ajuste para llevar al Estado a su mínima expresión.

Cabe destacar que, según una encuesta reciente de opinión pública, una amplia mayoría de los argentinos estaría a favor de que el presidente siga adelante con las reformas y el plan de ajuste.