«Potenciar Trabajo» afuera: Javier Milei propone dos nuevos programas de inclusión laboral, sin intermediarios

El gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de eliminar el programa social “Potenciar Trabajo”, introduciendo dos nuevos programas de inclusión laboral que implican cambios sustanciales. Se busca así mejorar la eficiencia y quitar el control a los intermediarios, como movimientos sociales o agrupaciones piqueteras.

Es que según explican desde el gobierno, el programa anterior no cumplía el objetivo principal del mismo que es la formalización del empleo. El índice de transición hacia empleos formales durante la gestión anterior, según lo relevado por el gobierno fue de apenas un 1,3%. Además de haber hallado muchas irregularidades en el funcionamiento tras arduos procesos de auditoría 

Por lo tanto, bajo la dirección del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, se han anunciado las dos nuevas iniciativas: «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social», que se efectivizaron mediante el decreto 198/2024. 

El Poder Ejecutivo determinó: “Sustitúyese el PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL -creado mediante el artículo 1° del Decreto Nº 565/23- por el PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO, el que funcionará en el ámbito de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, y tendrá por finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos”.

Y además anunció: “Créase el PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL en el ámbito de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el que tendrá por finalidad promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven”.

De esta manera, el programa “Potenciar Trabajo”, que garantizaba a sus participantes el equivalente a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil  -que hoy ronda los 200 dólares- a cambio de una contraprestación laboral o educativa, queda sin efecto. Sus casi 1,3 millones de beneficiarios serán derivados a los dos grandes programas anunciados. 

En este sentido, se espera que unas 975.000 personas pasen a estar bajo la órbita del programa denominado “Volver al Trabajo”, que se centrará en aquellos beneficiarios que tengan entre 18 y 49 años y el resto que son aquellos con mayor vulnerabilidad social, pasarán al programa de “Acompañamiento social”. 

Quienes actualmente están inscriptos en el programa Potenciar Trabajo no tendrán que reempadronarse, ya que el propio sistema los derivará al programa correspondiente. 

Este tiene como objetivo primordial desarrollar competencias sociolaborales que mejoren las posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios a través de actividades formativas, prácticas laborales y apoyo a emprendimientos. Dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Omar Yasin.

Según el gobierno, una vez que los beneficiarios ingresan al nuevo programa, ya no será obligatorio que cumplan con tareas específicas como contraprestación a lo percibido, sino que solo se les pedirá que completen diferentes cursos de capacitación, informó Infobae. Queda claro entonces que esta gestión tiene previsto poner el foco en la capacitación.

En este sentido, el programa otorgará las siguientes herramientas a los beneficiarios:

Otro de los aspectos más significativos es que este programa permitirá a los beneficiarios mantener su asistencia estatal incluso si obtienen un empleo formal remunerado de hasta tres salarios mínimos, o sea $540000 pesos (unos 600 dólares), durante un período de dos años. Esto marca un cambio notable en comparación con el límite anterior de un solo Salario Mínimo Vital y Móvil.

Este programa queda dirigido a aquellos individuos en situación de extrema vulnerabilidad que no califican para el otro programa, como personas mayores de 50 años, madres con más de cuatro hijos y adultos mayores que enfrentan desafíos relacionados con la salud y la seguridad financiera. 

Este programa, a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que encabeza Pablo de la Torre, ofrecerá asistencia monetaria temporal y ayuda alimentaria directa hasta que sean contratados, ya sea en el ámbito público o en el privado. En este caso, se mantiene la incompatibilidad de cobrar un salario y el plan al mismo tiempo.

El programa tendrá una duración de dos años, pero podrá ser prorrogado en función de su éxito y eficacia. Las familias beneficiarias de esta asistencia, se deben comprometer a realizar los controles de salud y educación.

El principal enfoque es fortalecer la unidad familiar, mejorar las condiciones de vida y garantizar la seguridad alimentaria.

Las acciones que contemplará son las siguientes:

Fortalecimiento Familiar

Mejora de la Unidad Productiva Familiar

Preparación para el Retiro

Seguridad Alimentaria

La nueva medida busca abrir una nueva etapa en la que el gobierno intentará reducir el poder de injerencia de las unidades de gestión, que en muchos casos, son manejadas por las organizaciones sociales. El objetivo es asegurar una mayor transparencia en la implementación de los programas.

Desde el gobierno se han realizado relevamientos y auditorías detectando graves fallas en la implementación del programa anterior, donde las organizaciones sociales tenían excesivo control sobre los beneficiarios, ejerciendo presión para que vayan a las marchas o para que, incluso, punteros políticos obliguen a beneficiarios a entregarle un parte del dinero que perciben a través del programa, según informó TN. 

Además se han tomado medidas para abordar otras irregularidades detectadas en el funcionamiento del programa Potenciar Trabajo debido a actividades incompatibles con la condición de vulnerabilidad que exige el programa. Recientemente el gobierno ha  suspendido a más de 22,000 beneficiarios por detectarse, por ejemplo, viajes de lujo al exterior o ausencias de más de 30 días sin justificación ni aviso.