Post-elecciones, Kicillof implementa retenciones en billeteras virtuales y enfrenta críticas
En medio de un escenario económico y político delicado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció, apenas un día después de imponerse en las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025, una medida que promete encender la polémica: a partir del 1° de octubre, las billeteras virtuales deberán retener el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en las operaciones de sus usuarios.
La disposición, formalizada a través de la Resolución Normativa ARBA 25/2025, se enmarca en la adhesión de Buenos Aires al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), que ya aplican 19 provincias. Según el gobierno provincial, no se trata de un impuesto nuevo, sino de un “ordenamiento” para garantizar equidad entre bancos y billeteras digitales.
Cómo funciona la nueva normativa
Las alícuotas oscilarán entre el 0,1% y el 5%, dependiendo de la actividad económica del contribuyente, y alcanzarán acreditaciones en pesos, monedas extranjeras (excepto dólares) y otros instrumentos equivalentes.
Quedarán excluidos sueldos, jubilaciones, planes sociales, préstamos, intereses de plazos fijos y devoluciones de impuestos. El blanco principal son los contribuyentes inscriptos en IIBB —monotributistas, autónomos y pymes— que reciben ingresos comerciales a través de billeteras como Mercado Pago, Ualá, Naranja X o Personal Pay.
Para un comerciante que cobra con QR o un profesional que factura servicios digitales, cada acreditación sufrirá un descuento inmediato que luego será transferido al fisco por la propia plataforma.
Los más afectados
Aunque el gobierno insiste en que el “usuario común” no verá cambios, los más perjudicados serán quienes dependen de estas billeteras para su flujo de caja diario:
- Monotributistas y pequeños comerciantes: podrían perder hasta un 5% de cada ingreso, en un contexto de inflación superior al 200%.
- Pymes y emprendedores fintech: verán reducida su liquidez y enfrentarán trámites más engorrosos para recuperar saldos a favor.
- Sectores de alto volumen: profesionales, transportistas de apps y comercios minoristas que operan casi exclusivamente en digital.
Según ARBA, la medida impactará en al menos 2 millones de contribuyentes en la provincia.
La reacción del sector
El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, calificó la medida como un “freno al progreso y a la digitalización”, mientras que Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, volvió a remarcar que el IIBB es “el peor impuesto del país” porque grava la facturación en lugar de las ganancias. Ambos advierten que esto podría incentivar el regreso al efectivo, la evasión y, en última instancia, la exclusión financiera de los sectores más vulnerables.
Las fintech temen un “efecto cascada”: mayores costos administrativos que se traduzcan en más comisiones y servicios restringidos para los usuarios.
Un debate que trasciende lo tributario
Para Kicillof, la iniciativa representa una “armonización tributaria” con el resto del país. Sin embargo, críticos señalan que el gobierno vuelve a recurrir a medidas de recaudación fácil en lugar de reformas de fondo.
Los cuestionamientos apuntan en tres direcciones:
- Desincentiva la formalización y la innovación, ya que las billeteras habían permitido incluir a millones de argentinos fuera del sistema bancario.
- No resuelve el déficit estructural, porque solo aumenta la presión fiscal sin recortar gastos ni mejorar la eficiencia estatal.
- Aumenta la inequidad, afectando principalmente a monotributistas y pymes, mientras grandes corporaciones encuentran formas de evadir.
Una medida con impacto político
El anuncio llega justo después de que Kicillof y su alianza peronista Fuerza Patria obtuvieran un 47% en las legislativas, derrotando por más de 13 puntos a La Libertad Avanza. Para la oposición, la resolución confirma que el oficialismo “castiga” a quienes producen e innovan en lugar de facilitar el crecimiento económico.
En una provincia donde el 40% de las transacciones ya son digitales, la decisión puede marcar un retroceso en inclusión financiera y en competitividad tecnológica. El dilema es claro: mientras el gobierno busca tapar agujeros fiscales con más recaudación, miles de pequeños contribuyentes ven cómo se estrecha aún más su margen de supervivencia en plena crisis.
