El Gobierno argentino oficializó la baja de los contratos empleados públicos que ingresaron este año

En el contexto de su programa de ajuste del Estado, el Gobierno argentino ha rescindido los contratos de los empleados públicos que ingresaron durante el presente año. En los diferentes medios de comunicación locales ha trascendido la cifra aproximada de 7000 empleados afectados, aunque esta no ha sido confirmada.

Con la rúbrica del presidente Javier Milei, el martes en la madrugada se hizo público en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que ratifica esta medida. Además, se anticipa que el Poder Ejecutivo revisará la situación laboral de los trabajadores del Estado que ya estaban en funciones antes del año 2023.

El artículo 1° de dicho decreto establece que «las contrataciones de personas que hayan comenzado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas».

Esta disposición afecta a los empleados temporarios «y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, en todos los ámbitos de la administración nacional, incluyendo entidades públicas como la ANSeS, el PAMI y la AFIP.

Además de los trabajadores de planta permanente, que no se verán afectados, se excluyen las contrataciones «derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales» y al personal que «ya estaba prestando tareas con fecha anterior al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad».

No obstante, se permitirá la renovación de aquellos cuya continuidad se considere «indispensable para el funcionamiento» de cada jurisdicción, aunque esta renovación estará sujeta a restricciones y deberá estar fundamentada en razones impostergables de operatividad, con una duración máxima de noventa (90) días corridos.

El decreto firmado por Milei y sus ministros establece que las autoridades de cada área del Estado Nacional deberán llevar a cabo «un relevamiento exhaustivo» de los empleados cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el objetivo de evaluar su continuidad.

En todos los casos, se subraya en el texto que, si se opta por renovar la contratación, deberá fundamentarse la decisión, demostrando la necesidad de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse «por un periodo mayor a noventa (90) días corridos».

Los considerandos del Poder Ejecutivo señalan que la propia normativa vigente establece que este tipo de contrato tiene una duración de 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso, por lo que «se encuentran próximas a vencer las contrataciones efectuadas por el Estado Nacional».

Adicionalmente, se destaca que esta decisión se toma en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, uno de los primeros firmados por Milei, que modificó la ley de Ministerios reduciendo las carteras a solo nueve «con la finalidad de racionalizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones efectuadas».

Por otro lado, también se publicó el Decreto 77/2023, mediante el cual se prorroga la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado, establecida el año pasado por Alberto Fernández.

Esta decisión, tomada en julio de 2022, indicaba que las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional no podían efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, salvo excepciones debidamente fundamentadas y acreditadas por la autoridad superior de la jurisdicción o entidad requirente.

Tras el decreto de la semana pasada que busca desregular la economía y la publicación de este DNU que ajusta al Estado Nacional, se espera que esta semana ingrese al Congreso el paquete de proyectos de ley con el que el Gobierno pretende ampliar su plan.

Entre las iniciativas que se tratarían en las sesiones extraordinarias convocadas entre el 26 de diciembre y el 31 de enero, el Gobierno de Milei buscará la sanción del congelamiento de los sueldos de los empleados públicos e incluso se contempla la posibilidad de reducir el salario de algunos de alto rango.