Polémica en Brasil: Amigo de Lula da Silva asumirá como juez de la Corte Suprema

El miércoles (13 de diciembre), el Senado aprobó, con 47 votos a favor, 31 en contra y solo dos abstenciones, la nominación del actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, como juez de la Corte Suprema de Brail (STF), generando una

En la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, Dino obtuvo 17 votos a favor y 10 en contra. Este recién nombrado magistrado ocupará el cargo hasta abril de 2043, cuando cumpla 75 años y se jubile obligatoriamente.

Dino asumirá su función en febrero del próximo año, heredando 344 procesos de su antecesora Rosa Weber, algunos de ellos de gran relevancia, como la investigación al ministro de Comunicaciones Juscelino Filho en el marco de la Operación Benesse de la Policía Federal. Esta operación indaga malversación y lavado de dinero relacionado con la Compañía de Desarrollo del Valle de São Francisco e Parnaíba (Codevasf) en Maranhão, el estado natal de Dino. Además, se espera que se ocupe del juicio contra Jair Bolsonaro por sus decisiones durante la pandemia y del debate sobre la regularización del aborto, tema en el que ya expresó su oposición.

El presidente brasileño celebró la designación de Dino, destacando su afiliación comunista, lo que generó polémica incluso entre los votantes del Partido de los Trabajadores (PT).

La elección de Dino también ha reavivado el debate sobre el papel del STF en la democracia brasileña. La sociedad civil critica que el tribunal ya no respeta la separación de poderes, siendo percibido como un brazo del ejecutivo.

Con el nombramiento de Dino, Lula ha designado a más de un tercio de los magistrados del Tribunal. Organizaciones internacionales, como Transparencia Internacional, expresaron su decepción, censurando la aprobación simultánea del ministro Dino y de Paulo Gonet como Procurador General de la República.

Según el senador Weverton Rocha, la elección se realizó con fines políticos, buscando cambiar la ley sobre empresas estatales. La ley de empresas públicas, aprobada en 2017, fue impugnada ante el STF por el Partido Comunista de Brasil, el partido de Dino entre 2006 y 2021. Su nominación ha suscitado preocupaciones sobre la percepción de la independencia del STF.

Asimismo, la decisión del STF en diciembre, que efectivamente obliga a los periodistas a responder ante los tribunales por las declaraciones de entrevistados, también generó un intenso debate. La prensa teme que esta medida pueda llevar a la autocensura, limitando el debate público e impidiendo denuncias. El presidente del STF, Luís Roberto Barroso, intentó mitigar la controversia, pero la falta de especificaciones en el texto redactado por los jueces ha mantenido la inquietud en la prensa.

La persecución política es otro tema que preocupa, ya que muchos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han sufrido intimidaciones, censura y hasta arrestos injustificados.