Polémica en Alemania por reducción de penas mínimas en delitos de pornografía infantil

El parlamento alemán, el Bundestag, ha aprobado un proyecto de ley que modifica el Código Penal para reclasificar la posesión de materiales de abuso sexual infantil de un delito grave a un delito menor. Este cambio, que reducirá las penas mínimas para la posesión y distribución de pornografía infantil, entrará en vigor próximamente.

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De acuerdo con el Bundestag, el nuevo proyecto de ley establece que «la posesión y adquisición de estos materiales serán castigadas con una pena mínima de tres meses de prisión, mientras que la distribución será penada con un mínimo de seis meses de prisión». Esto implica que los delitos bajo el artículo 184b del Código Penal se considerarán faltas en lugar de delitos graves.

La posesión de materiales de abuso sexual infantil fue clasificada como un delito grave en 2021, bajo la dirección de la entonces ministra federal de Justicia, Christine Lambrecht, del Partido Socialdemócrata (SPD). La medida imponía una pena mínima de un año de prisión. Esta clasificación se mantuvo durante tres años hasta la reciente decisión de reducir la gravedad del delito.

Rainer Becker, presidente de la asociación “Ayuda Alemana a la Infancia – Representación Permanente de la Infancia” (Deutsche Kinderhilfe – Die ständige Kindervertretung), expresó su preocupación por la posible violación de una directiva de la Unión Europea. Esta directiva clasifica cualquier uso de menores en medios pornográficos como un delito penal grave, lo que contrasta con la nueva legislación alemana.

La Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y la Unión Demócrata Cristiana (CDU) se han opuesto firmemente a esta medida. En un comunicado, manifestaron que «la distribución, posesión y adquisición de pornografía infantil deben seguir siendo delitos graves». Argumentaron que aunque la legislación de 2020 ha causado problemas prácticos, una reducción general del rango de penas no es la solución adecuada. En su lugar, abogan por modificaciones específicas que aborden los casos problemáticos de manera eficaz.

Una de las razones detrás de la reclasificación del delito es la consideración de situaciones en las que padres y maestros descargan contenido para denunciarlo a las autoridades. Estos casos son frecuentes entre padres y profesores de adolescentes que encuentran pornografía infantil y la transmiten a otros adultos o a la dirección de la escuela para alertar del problema. Además, la legislación busca responder con mayor flexibilidad a los delincuentes juveniles, quienes, según el proyecto de ley, no suelen actuar con intención sexual, sino por curiosidad o impulsos propios de la adolescencia.

A pesar de estas consideraciones, la reducción general del delito ha sido objeto de controversia. Grupos activistas pro-pedofilia, como Krumme-13 (K13), han elogiado la medida. Fundado por Dieter Gieseking, K13 se describe como una organización de «autoayuda» para «pedosexuales» y ha abogado por la despenalización de la pornografía infantil y la reducción de la edad de consentimiento. Gieseking, con antecedentes penales por posesión y distribución de pornografía infantil, ha sido un crítico vocal de la legislación de 2021.

En una reciente publicación, K13 instó a sus seguidores a solicitar a sus abogados que presenten peticiones para suspender procedimientos legales en curso hasta que la nueva ley entre en vigor. Gieseking y su grupo han estado presionando al gobierno para modificar la legislación y ajustar la edad de consentimiento a 12 años, argumentando que esto protegería mejor a los menores contra la violencia sexual real.

La legislación del Bundestag también incluye una propuesta que añade declaraciones sobre los derechos del niño en la Ley Fundamental alemana, sugiriendo que los niños deben ser considerados como sujetos legales con sus propios derechos, incluido el derecho al «libre desarrollo de su personalidad» y la «autodeterminación sexual».

Esta modificación legislativa ha generado un intenso debate en Alemania y en la Unión Europea, enfrentando posturas sobre la mejor manera de proteger a los menores mientras se aborda de manera justa y efectiva la posesión y distribución de materiales de abuso sexual infantil.