Pentágono emite nuevas guías para implementar la prohibición de personas transgénero en el ejército

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó el viernes nuevas directrices sobre cómo aplicará la prohibición del presidente Donald Trump a las personas transgénero en el ejército, al tiempo que solicitó a una jueza federal que levante su reciente orden judicial que bloquea dicha política.
El memorando, emitido por la Oficina del Subsecretario de Defensa, establece que el departamento revisará los registros médicos de los miembros en servicio y, dentro de un plazo de 45 días, les proporcionará cuestionarios de autoevaluación.
Estos cuestionarios buscan determinar si los militares tienen un diagnóstico actual, historial o síntomas de disforia de género, una condición que los haría inelegibles para continuar sirviendo. La disforia de género se define como el malestar que experimenta una persona cuando su identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer.
Según el documento, la exclusión se aplicará únicamente a aquellos con «incongruencia marcada y malestar o deterioro clínicamente significativo durante al menos seis meses», basándose en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Sin embargo, el memorando aclara que la medida no puede entrar en vigor debido a una orden emitida el miércoles por la jueza federal Ana Reyes en Washington, quien bloqueó la prohibición en respuesta a una demanda presentada por militares transgénero actuales y aspirantes.
El viernes, abogados del Departamento de Justicia presentaron una moción ante la jueza Reyes solicitando que levante su orden, argumentando que las nuevas directrices aclaran que la política no discrimina por identidad transgénero, sino que se basa en un diagnóstico médico. Dijeron que la interpretación de Reyes, que consideró la medida como discriminatoria, no refleja el enfoque actual del Pentágono. Cabe destacar que la jueza ya había rechazado un argumento similar al emitir su bloqueo inicial.
Reyes había suspendido su orden hasta la mañana del viernes para dar al gobierno la oportunidad de apelar. En la moción presentada, el gobierno informó que planea apelar y pidió a la jueza mantener su orden en suspenso durante el proceso de apelación si no accedía a levantarla. Durante una audiencia celebrada el viernes por la mañana, Reyes indicó que su orden original ya está en efecto, pero aún no ha decidido sobre la solicitud del gobierno, según informó Jennifer Levi, directora senior del grupo legal pro-LGBTQ GLAD Law, que representa a los demandantes.