Opinión: La batalla por el equilibrio fiscal en Argentina frente a un Congreso que defiende privilegios
En un nuevo capítulo de la pulseada por sanear las finanzas públicas, el presidente Javier Milei volvió a chocar con un Congreso más preocupado por sus propios intereses que por el rumbo económico del país. Este jueves, el Senado rechazó cinco decretos presidenciales que buscaban achicar la estructura estatal y, al mismo tiempo, aprobó incrementos presupuestarios que ponen en riesgo la disciplina fiscal que el mandatario considera innegociable.
Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei ha prometido vetar toda ley que implique un aumento del gasto sin financiamiento genuino. Sin embargo, la Cámara alta avanzó con proyectos como la ampliación del presupuesto universitario —incluido un aumento salarial para el personal— y la declaración de una emergencia pediátrica que incrementaría los recursos en salud durante dos años. Para el oficialismo, se trata de medidas que, aunque presentadas como sociales, amenazan el superávit primario alcanzado tras meses de duros ajustes en un contexto de inflación elevada y recesión heredada.
El revés parlamentario golpea directamente el plan de reformas estructurales de Milei. Con una fuerza minoritaria en ambas cámaras, La Libertad Avanza enfrenta la resistencia de un bloque opositor encabezado por el peronismo y acompañado por sectores de la UCR. Según el gobierno, más que debatir soluciones de fondo, estos legisladores buscan preservar privilegios y sostener un esquema que el presidente ha prometido desmantelar.
A la tensión fiscal se sumó la polémica por un intento de aumento en las dietas de los senadores —que habría llevado sus sueldos a más de 10 millones de pesos mensuales— excluyendo a los libertarios y a algunos radicales.
Desde el oficialismo, se calificó esta maniobra como “desafortunada” y completamente desconectada de la realidad, recordando que el salario promedio ronda apenas un millón de pesos. El tema no pasó desapercibido en la opinión pública, que lo interpretó como una muestra más de la “casta política” defendiendo sus intereses.
En un acto con empresarios, Milei no ocultó su enojo: “Enfrentamos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que tienen una sola agenda legislativa: llevar al Estado nacional a la quiebra”. Sus palabras resonaron en una ciudadanía cansada de promesas incumplidas y que ve en el actual gobierno una oportunidad de romper con décadas de populismo y desmanejo.
Pese a los obstáculos, Milei no se aparta de su objetivo de alcanzar el “déficit cero”. En apenas un año y medio de gestión, su administración logró un superávit fiscal histórico gracias a recortes drásticos en transferencias discrecionales, reducción de gastos políticos y paralización de obras públicas innecesarias. El presidente ya anticipó que vetará cualquier medida contraria a este rumbo y, si es necesario, llevará la disputa a los tribunales. Su vocero, Manuel Adorni, fue tajante: “Cualquier cosa que vaya en contra de las cuentas públicas será vetada”.
Con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte, la disputa adquiere un carácter estratégico. La oposición busca desgastar a Milei, consciente de que su discurso de austeridad mantiene respaldo popular entre votantes hartos de la vieja política. Cada veto, cada choque con el Congreso, refuerza el relato de un presidente dispuesto a enfrentarse a los privilegios enquistados para devolverle al país la estabilidad perdida. “En octubre, la libertad prevalecerá”, advirtió el mandatario, confiado en que la sociedad respaldará nuevamente su proyecto de transformación.
