Minnesota bajo fuego: las políticas santuario permitieron que más de 400 criminales indocumentados siguieran libres
Minnesota quedó en el centro de una fuerte controversia nacional tras la detención de más de 400 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales graves, incluidos pedófilos convictos, violadores y delincuentes violentos, como resultado de la Operación Metro Surge, liderada por autoridades federales de inmigración.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apuntaron directamente contra las políticas de “ciudades santuario” promovidas por el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a las que responsabilizan por haber creado un entorno de impunidad institucional que permitió que estos individuos permanecieran durante años en las calles.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, fue contundente: sostuvo que las autoridades estatales y locales fallaron en su deber básico de proteger a la población. Según explicó, la intervención federal fue necesaria precisamente porque las políticas santuario bloquearon la cooperación con ICE, impidiendo la ejecución de órdenes finales de deportación que llevaban vigentes incluso más de una década.
“Minnesota es hoy un lugar más seguro sin estos criminales en libertad”, afirmó McLaughlin. “En lugar de agradecer a los agentes que sacaron a estos depredadores de sus comunidades, Tim Walz y Jacob Frey continúan demonizando a nuestra valiente policía”.
El DHS detalló que muchos de los arrestados ya habían cumplido condenas penales y, aun así, nunca fueron entregados a las autoridades federales, una consecuencia directa de las normativas santuario que priorizan la ideología sobre la seguridad pública.
Entre los detenidos hay extranjeros con condenas por violación, abuso sexual de menores, agresiones armadas, secuestro y robos, provenientes de países como Laos, Birmania, Somalia, México y Ecuador. Varios de ellos tenían órdenes de deportación emitidas entre los años 2000 y 2014, que jamás se ejecutaron debido a la falta de cooperación estatal y municipal.
Casos como el de Tou Vang, condenado por abuso sexual de una niña menor de 13 años y con orden final de deportación desde 2006, o el de Por Moua, con un extenso historial de delitos violentos y sexuales y una orden vigente desde el año 2000, exponen el costo humano de estas políticas.
Para el DHS, la Operación Metro Surge dejó al descubierto una realidad incómoda: las ciudades santuario no protegen a los más vulnerables, sino que terminan protegiendo a criminales. Mientras los gobiernos locales se niegan a colaborar con las autoridades federales, los ciudadanos comunes son quienes pagan el precio de decisiones políticas que, según Washington, priorizan la retórica sobre la seguridad.
