Milei y Pettovello eliminarán los intermediarios en la provisión de alimentos a instituciones públicas

En la batalla de erradicar prácticas corruptas en la distribución de alimentos, el gobierno liderado por Javier Milei, con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello a la cabeza, está a punto de desencadenar una revolución en la provisión de alimentos en instituciones públicas, según informaron medios locales. Este cambio fundamental tiene como objetivo principal la eliminación de proveedores tradicionales del Estado conocidos por inflar precios y ofrecer productos de mala calidad, en una práctica desmedida que prevaleció durante la administración de Alberto Fernández y su ministro Daniel Arroyo.

La estrategia directa de Pettovello implica redirigir los fondos directamente a las cuentas de ahorro de los beneficiarios, eliminando intermediarios y los costos elevados asociados con la red de proveedores con conexiones políticas. Con esta decisión, se busca abordar los vicios arraigados en el sector y poner fin a los escándalos de alimentos en mal estado y los sobreprecios. La solución propuesta promete ser directa y efectiva.

En los años de Alberto Fernández, el Ministerio de Desarrollo Social, bajo la dirección de Daniel Arroyo, se vio envuelto en escándalos de corrupción por las prácticas de adquisición de alimentos, destinados a proveer instituciones estatales como cárceles, escuelas y comedores.

Las compras con sobreprecios involucró a empresas como Forain SA, Teylem SA, Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL y Alimentos Generales SA, que celebraron decenas de contratos con gobiernos provinciales y municipales.

Algunas de estas firmas que ganaron las licitaciones, ni siquiera son productores directos de alimentos, sino que solo hicieron de intermediarios entre el productor y el Estado, a modo de gestores, llevando a tener que pagar más comisiones y como resultado, la compra de alimentos a precios que superaban el valor del mercado.  

Las explicaciones proporcionadas para los sobreprecios fueron vagas, citando la escasez, los pagos demorados del gobierno y la logística de emergencia. Surgieron acusaciones de que estas empresas eran meros intermediarios, obteniendo beneficios de comisiones y aumentando los costos generales. A pesar de la investigación interna y el compromiso de Arroyo con precios controlados, el ministerio continuó lidiando con prácticas de adquisición descontroladas.

Aunque Arroyo fue sobreseído de la causa por sobreprecios en alimentos en 2023, la sombra del escándalo lo persiguió y lo llevó a abandonar el Ministerio, dejando su lugar a Victoria Tolosa Paz, cuya gestión se vio implicada en los casos de la compra de costosas frazadas y alimentos de calidad deficiente con los recursos estatales.

En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social gastó $1069 millones en la compra de 80 mil frazadas, pagando hasta un 177% más caras que en el mercado. La compra, firmada junto al entonces Jefe de Gabinete Agustín Rossi, generó fuertes críticas y levantó sospechas sobre la transparencia de la transacción.

Las empresas proveedoras, Grupo Sala y la Cooperativa Manos Berissenses, ya tenían antecedentes en licitaciones del Estado y recibieron críticas por su relación cercana con el kirchnerismo. Este episodio, como muchos otros casos de operaciones fraudulentas, resalta la necesidad de un cambio fundamental en la asignación de recursos para evitar prácticas corruptas y connivencia entre funcionarios y empresarios.

La iniciativa del gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello marca un cambio radical en la forma en que se distribuyen los alimentos en instituciones públicas. Al poner fin a prácticas corruptas arraigadas, el presidente Milei busca garantizar una distribución más eficiente y transparente de los recursos, beneficiando directamente a aquellos que más lo necesitan.

Este cambio no solo aborda los errores del pasado, sino que sienta las bases para un sistema alimentario más transparente y equitativo en el futuro.