Milei organizará una consulta popular en el caso de que el Congreso argentino rechace decreto de desregulación

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El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este martes que, en caso de que el Congreso argentino rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que elimina numerosas leyes y normativas para desregular la economía y permite la privatización de empresas públicas, organizará un plebiscito o consulta popular.

En una entrevista con La Nación Más, Milei expresó su intención de convocar a un plebiscito o consulta popular en caso de que el Congreso no apruebe el mencionado DNU. Hizo un llamado a los congresistas para que expliquen por qué se oponen a medidas que, según él, benefician a la población.

Milei argumentó que aquellos que se oponen a sus propuestas carecen de conciencia sobre la gravedad de la situación y sugirió que están en desacuerdo porque no pueden aceptar la pérdida en las elecciones y el cambio de preferencias de la población. Además, señaló que estas medidas apuntan a combatir la corrupción al desafiar a aquellos que negocian leyes para obtener beneficios personales.

En respuesta a posibles intentos de desestabilización por parte de la oposición, Milei retó a sus opositores y afirmó que los argentinos están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para respaldar sus políticas económicas. Aunque confirmó que a corto plazo no aumentará los salarios de los empleados públicos ni beneficiará a los autónomos, destacó que sus medidas demuestran la consistencia de su partido, La Libertad Avanza, con las promesas de campaña. Subrayó la urgencia de un «shock de libertad y anticasta» en la economía debido a la complejidad de la situación actual.

Una serie de demandas contra el decreto económico de Milei

Diversas organizaciones sociales y sindicales han presentado solicitudes de nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), argumentando que no existe la emergencia alegada por el Ejecutivo que justifique la implementación de medidas económicas tan drásticas.

Desde entonces, el flujo constante de demandas y reclamos de inconstitucionalidad contra el decreto de Milei ha ido en aumento.

Algunos de los denunciantes, entre ellos el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostienen que el presidente está intentando «suplantar la función legislativa del Congreso y violar la separación de poderes».

Esta perspectiva también ha sido respaldada por otros denunciantes, quienes acusan al Gobierno de intentar «avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina» y han solicitado la suspensión de los efectos del DNU, argumentando que es «inconstitucional y antidemocrático».

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha defendido la plena legitimidad del decreto de desregulación económica.

«Es posible que haya objeciones de los detractores de siempre o de sectores que sienten que de alguna manera se les ha retirado un privilegio. No tengo dudas al respecto», admitió Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.

El ministro aseguró que será la Justicia la encargada de «analizar de manera imparcial» el DNU y reiteró que él «no le teme a la ilegalidad».

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