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Milei busca declarar a la educación «servicio esencial» para garantizar clases
El Gobierno argentino que encabeza el presidente Javier Milei tomó la decisión de comenzar el proceso para declarar a la educación como un «servicio esencial», una medida que busca garantizar la continuidad de las clases ante posibles medidas de fuerza sindicales antes de su inicio en marzo.
Así lo anunció ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por Milei en su primer mes de Gobierno. Si bien ese decreto ya contemplaba a la educación dentro de los servicios esenciales, modificando la legislación laboral, aún no había sido implementado por estar suspendidos sus efectos tras un amparo judicial.
La declaración como actividad esencial implica que, en caso de un conflicto gremial, se deberá garantizar al menos un 75% de prestación del servicio educativo. Es decir, no más de 1 de cada 4 docentes podría adherir a una huelga.
Esto se ampara en leyes laborales que hasta ahora solo consideraban servicios esenciales a la salud, provisión de agua, electricidad y gas. La idea es sumar la educación primaria y secundaria a esta categoría especial.
El objetivo, señalan en el Gobierno, es garantizar la continuidad educativa frente a extensos conflictos sindicales como los que se han dado en varias provincias en años anteriores con la consecuente pérdida de días de clase.
La medida generó rechazo del gremialista Roberto Baradel, titular del sindicato docente bonaerense SUTEBA, el más grande del país. Baradel afirmó que es «absolutamente inconstitucional» y viola el derecho a huelga, a la vez que criticó al Ejecutivo por no convocar aún a la paritaria salarial nacional para los maestros en medio de la escalada inflacionaria.
De hecho, este conflicto salarial subyace al anuncio sobre la educación como servicio público. Varios gremios amenazan con endurecer medidas de fuerza si el Gobierno no los convoca para renegociar los sueldos. De allí la idea de garantizar un porcentaje de prestación educativa en cualquier escenario.
La decisión final sobre la implementación quedará en manos de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Y el Ejecutivo confía en que la Justicia le dará la razón, permitiéndole reglamentar esa cláusula del DNU suspendida por ahora.
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