Milei allanó el camino para entregar Aerolíneas Argentinas a los empleados de la empresa

El reciente mega decreto del Gobierno argentino ha abierto la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas mediante la transferencia del paquete accionario a sus propios empleados. Además, ha introducido la política de «cielos abiertos», permitiendo a empresas aéreas de cualquier origen, siempre que demuestren solvencia técnica y financiera, realizar vuelos domésticos e internacionales desde y hacia Argentina sin depender de tratados bilaterales de reciprocidad.

Aunque el «Título 9» del decreto, que aborda el sector aerocomercial, abarca 13 de las 83 páginas totales, la sección más destacada, la privatización de Aerolíneas, ocupa menos de una página.

Bajo el título «Rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas», el decreto modifica los artículos 4º y 9º de la Ley 26.412 de 2008, la cual votó el Congreso para el «rescate» de Aerolíneas y Austral, entonces propiedad del Grupo Marsans. Estos artículos originalmente buscaban evitar una nueva privatización de la empresa.

El proceso de absorción de las acciones de Austral por parte de Aerolíneas, liderado por el actual presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, se llevó a cabo durante el gobierno anterior.

El decreto modifica también el artículo 5º de la Ley 26.466 de 2008, que declaró «de utilidad pública y sujetas a expropiación» las acciones de Aerolíneas y Austral. Ahora, este artículo autoriza la cesión total o parcial de las acciones a los trabajadores de ambas empresas, siguiendo un programa de propiedad participada.

El mecanismo propuesto es similar al de la Propiedad Participada creado durante el gobierno de Carlos Menem, que otorgaba una minoría accionaria a las empresas privatizadas. En el caso de Aerolíneas, este mecanismo fue neutralizado tras la reestatización de 2008.

El decreto no especifica cómo los empleados financiarán los crónicos déficits acumulados por Aerolíneas desde su estatización en 2008. A lo largo de estos años, el Tesoro ha transferido fondos equivalentes a 8.000 millones de dólares para cubrir las pérdidas de la aerolínea.

A pesar de los anuncios de Ceriani sobre resultados positivos en 2023, los sindicatos aeronáuticos, seis en total, han rechazado de manera rotunda la propuesta de privatización, expresando diversas opiniones desde el rechazo vehemente del titular de los pilotos, Pablo Biró, hasta posturas más moderadas como la de Juan Pablo Brey, quien defiende los subsidios alegando que Aerolíneas cumple una función social.

Adicionalmente, el decreto derogó y modificó dos leyes que regulan la aviación comercial en Argentina, abriendo la puerta a una política de «cielos abiertos». Esta medida permite a cualquier aerolínea con solvencia técnica y financiera operar rutas domésticas e internacionales sin necesidad de tratados bilaterales con otros países.

Aunque el «Título 9» aborda el sector aerocomercial, el texto que desregula el mercado ocupa solo una línea del mega decreto, el artículo 179, que establece la derogación de la Ley 19.030, dictada durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse en 1967. Esta ley regulaba el transporte aerocomercial y sobrevivió incluso después de la privatización de Aerolíneas en la década de 1990, siendo eliminada ahora por Milei.