La Corte Suprema de EE. UU. bloquea el mandato de vacunas COVID-19 de Biden

En un importante golpe al mandato nacional de vacunación del presidente Joe Biden, el Tribunal Supremo impidió el jueves 13 de enero que su administración aplicara sus amplios requisitos de vacunación o prueba para las grandes empresas privadas. El tribunal de mayoría conservadora expresó un importante escepticismo sobre el mandato de Biden votando 6-3 para bloquear su aplicación.

El mandato de OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) había requerido que todos los trabajadores de empresas con 100 o más empleados se vacunaran o presentaran una prueba de COVID-19 negativa semanalmente para ingresar al lugar de trabajo.

Sin embargo, el tribunal superior permitió requisitos similares para las instalaciones médicas que aceptan pagos de Medicare o Medicaid.

En una opinión no firmada, el tribunal escribió que, “aunque el Congreso indiscutiblemente le ha otorgado a OSHA el poder de regular los peligros laborales, no le ha otorgado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”.

“Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, ciertamente cae en la última categoría”, agregó el tribunal.

Sin embargo, en un fallo separado, con respecto a las reglas de vacunación de la administración para los trabajadores de la salud, el tribunal afirmó: “Estamos de acuerdo con el Gobierno en que la regla del Secretario [de Salud y Servicios Humanos] cae dentro de las facultades que el Congreso le ha conferido”.

El viernes, la administración de Biden argumentó que las reglas eran necesarias para abordar el «grave peligro» que representa la actual pandemia de COVID-19 y los jueces liberales reconocieron la posición del gobierno por el número de muertos por la pandemia y la ola sin precedentes de contagios que arrasan en el país por la variante Ómicron. 

El mandato de vacunas de Biden enfrentó numerosos desafíos legales

El mandato enfrentaba numerosos desafíos legales con grupos de la industria, empresas privadas y fiscales generales del estado que demandaron para bloquear la medida, mientras que otros sindicatos demandaron en un intento de expandir su alcance a empresas más pequeñas. 

En noviembre, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) suspendió la aplicación del mandato luego de ser aplastada por desafíos legales. 

En ese momento, aproximadamente 40 partidos estaban participando en desafíos de la directiva de emergencia. Entre las partes se encontraba un operador de restaurante, Gulf Coast Restaurant Group, mientras que el sindicato laboral más grande de la industria, Service Employees International Union (SEIU) buscó expandir el mandato sin precedentes. 

El popular medio de noticias conservador, The Daily Wire, también fue una de las entidades que desafió el mandato. 

Treinta y cuatro de las impugnaciones, que buscaban revocar el mandato, se consolidaron en un solo juicio.

El 6 de noviembre del año pasado, un tribunal federal de apelaciones bloqueó el mandato de Biden citando cuestiones “graves estatutarias y constitucionales”. 

En ese momento, el tribunal le dio a la administración de Biden solo dos días para responder a la solicitud de un demandante de una orden judicial permanente. 

“Debido a que las peticiones dan motivos para creer que hay graves problemas legales y constitucionales con el mandato, por la presente se suspende el mandato en espera de nuevas acciones por parte de este tribunal”, dictaminó un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans en el hora.

Ante la decisión del panel el 8 de noviembre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en una sala llena de reporteros que “la gente no debería esperar” para hacer cumplir el mandato de vacunas de la administración Biden a pesar de la suspensión. 

“Deberían seguir avanzando y asegurarse de que en sus lugares de trabajo estén vacunados”, dijo Jean-Pierre cuando se le preguntó sobre la decisión de la corte.

En ese momento, los fiscales generales republicanos de Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah, además de varias empresas privadas, solicitaron a los tribunales una pausa argumentando que los requisitos del mandato “exceden la autoridad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que hará cumplir los mandatos, y equivaldrá a una delegación de poder inconstitucional al poder ejecutivo por parte del Congreso”, informó CNBC.

La Casa Blanca argumentó que pausar el mandato “probablemente costaría docenas o incluso cientos de vidas por día”, y argumentó además que OSHA estaba actuando dentro de su autoridad establecida por el Congreso.

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