Maduro dice que pidió ayuda a la ONU para liberar a migrantes venezolanos en prisión de El Salvador

El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elevó un llamado a la comunidad internacional, específicamente al sistema de las Naciones Unidas, para que intervenga en la situación de 238 migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Durante su programa televisivo «Maduro de Repente», transmitido el martes 1 de abril de 2025, el mandatario expresó su preocupación por lo que describió como «desapariciones forzadas» y «torturas» de estos ciudadanos, exigiendo claridad sobre su situación legal y su liberación inmediata si no se presentan pruebas concretas en su contra.

El líder chavista afirmó haber solicitado directamente al secretario general de la ONU, António Guterres, y al alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, que actúen con urgencia. «Estoy esperando que el sistema de Naciones Unidas actúe. Levanten el teléfono, llamen al presidente (de El Salvador, Nayib) Bukele, exíjanle una lista de las personas encarceladas en ese campo de concentración, en nombre del derecho internacional humanitario», declaró. El líder venezolano pidió que se detalle de qué se les acusa, ante qué juez han sido presentados y qué delitos habrían cometido en El Salvador, subrayando que, de no haber respuestas claras, deberían ser liberados de inmediato.

La deportación de estos venezolanos fue ejecutada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa poco utilizada que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros en tiempos de conflicto. Según el gobierno de Estados Unidos, los deportados serían miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originada en Venezuela. La operación, que tuvo lugar a mediados de marzo, resultó en el traslado de los 238 individuos a la prisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, un país que bajo el liderazgo de Nayib Bukele ha adoptado una postura dura contra el crimen organizado.

El uso de esta ley histórica ha generado controversia. Grupos de derechos civiles en Estados Unidos han cuestionado la falta de debido proceso en el caso, argumentando que no se presentaron pruebas públicas que vinculen a todos los deportados con actividades criminales. Familiares de los detenidos también han rechazado las acusaciones, afirmando que muchos de ellos no tienen antecedentes penales ni conexiones con el Tren de Aragua. Esta situación ha puesto en el centro del debate la colaboración entre Washington y San Salvador, especialmente tras el acuerdo que permitió a El Salvador recibir a los deportados a cambio de una compensación económica de 6 millones de dólares, según reportes oficiales.

Maduro calificó el episodio como un precedente peligroso, advirtiendo que podría marcar «el principio del fin» del sistema de Naciones Unidas si no se toman medidas. «Lo que está pasando con la migración en Estados Unidos, con las desapariciones forzadas y torturas de migrantes venezolanos, no debería abrirle la puerta al diablo, al monstruo del nazi-fascismo», expresó en tono enérgico. Sus declaraciones reflejan una postura crítica hacia las políticas migratorias de la administración Trump y el manejo de Bukele, a quien ha responsabilizado directamente por el bienestar de los detenidos.

El gobierno de El Salvador, por su parte, ha defendido su rol en la operación, destacando su compromiso con la seguridad regional. Bukele, conocido por su enfoque de mano dura contra las pandillas, ha utilizado el CECOT para recluir a decenas de miles de presuntos criminales desde su inauguración en 2023, una estrategia que le ha valido tanto elogios como críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos. La llegada de los venezolanos deportados se enmarca en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que busca externalizar la detención de migrantes considerados una amenaza.

Mientras tanto, la administración Trump ha mantenido que la deportación responde a una necesidad de proteger la seguridad nacional, señalando al Tren de Aragua como una organización que ha expandido su influencia en el hemisferio occidental.