En contra del «absurdo ambientalismo»: las protestas de agricultores llegan a España

El sector agrícola se moviliza activamente esta semana en las calles de España, alzando su voz contra la «burocracia europea». Tractoradas y manifestaciones convocadas por las patronales agrarias se despliegan en todo el país, tomando impulso tras las recientes protestas en otros países del Viejo Continente.

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En las principales ciudades y capitales de provincia, se espera la presencia de tractores y agricultores ataviados con chalecos amarillos, expresando su descontento al gobierno de Pedro Sánchez por la situación del campo. 

Las tres grandes patronales agrarias, Asaja, COAG y UPA, han organizado movilizaciones para las próximas dos semanas, en el marco de una serie de protestas que buscan cambios en las normativas ambientales, mayor flexibilidad en la Política Agraria Común (PAC) y apoyo ante los estragos de la sequía, entre otras demandas.

Desde COAG, denuncian una «asfixia normativa» provocada por una legislación que, según afirman, se ha gestado «a espaldas de la realidad agraria».

Se anticipa que en los próximos días se sumarán al movimiento sectores como el pesquero y acuícola, que están evaluando su participación, así como otros gremios, incluyendo algunas organizaciones de transportistas.

Las protestas, que han cobrado fuerza en países como Francia, Italia y Grecia en las últimas semanas, encuentran eco en España, donde hasta ahora las movilizaciones no habían alcanzado una dimensión generalizada y habían pasado desapercibidas mediáticamente.

Grupos de agricultores independientes ya salieron la semana pasada con sus tractores a las carreteras, principalmente en Extremadura y Castilla y León, y se espera que estas acciones se extiendan a otras regiones en los próximos días. Las convocatorias provienen tanto de las patronales agrarias mencionadas como de movimientos independientes impulsados a través de redes sociales.

El motivo central de las protestas agrarias es la Política Agraria Común (PAC) europea y el incremento de la burocracia asociada a su reforma en 2021. Se critican las importaciones agrícolas baratas de países fuera de la Unión Europea, cuyos precios sitúan al campo español en una posición desventajosa. Además, se demanda una solución para el alza de costos en las materias primas y el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

La última reforma de la PAC introdujo incentivos ambientales llamados «eco-esquemas» para las explotaciones agrícolas. Parte de las ayudas de la PAC están vinculadas a estos esquemas, lo que implica una mayor carga burocrática y condiciones que reducen la capacidad de producción de las explotaciones. 

Además, según la nueva normativa, “todos los Estados miembros de la UE deben contar con un Plan Estratégico en el que se indiquen las intervenciones o medidas con las que se pretenden alcanzar los objetivos de la PAC, siempre de acuerdo con el enfoque del Pacto Verde Europeo, que es la hoja de ruta de la Comisión Europea para lograr una economía sostenible”.

Desde Asaja, la patronal más conservadora, se plantea un discurso cuestionando el cambio climático, criticando el «absurdo medioambientalismo» de la PAC y responsabilizándola de obstaculizar el progreso agrario.

Las demandas también incluyen el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que busca tener en cuenta los costos de producción al fijar los precios. COAG destaca la disparidad entre los bajos precios pagados a los agricultores en España y los elevados precios en los supermercados, alegando que ciertos productos se venden por debajo de los costos de producción. A estos desafíos se suma la sequía, que está afectando gravemente a cultivos como el cereal.

A pesar de la reunión entre representantes del campo y el ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado viernes, no se logró desconvocar las protestas. Aunque el ministro se comprometió a defender los intereses de los agricultores ante la Unión Europea, las asociaciones consideran insuficientes estas medidas.

Desde UPA, la patronal de los pequeños agricultores, se destaca que es el momento de transmitir a la Comisión Europea la preocupación que experimentan los agricultores y ganaderos españoles. 

«Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en sectores como la ganadería, en las que hay una gran concentración y en la que están desapareciendo ganaderos familiares que hacen una labor económica y medioambiental impagable», advirtó Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de UPA.

Las tres grandes patronales agrarias están elaborando un calendario de movilizaciones que será comunicado entre hoy y mañana. Algunas de las fechas ya anunciadas incluyen protestas en Salamanca el 8 de febrero, en La Rioja el 13 y en Palencia el 14. En provincias como Zamora, los agricultores ya iniciaron movilizaciones la semana pasada.