Ley de Enemigos Extranjeros: El arma de Trump contra la inmigración ilegal masiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocará este viernes 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma con más de dos siglos de antigüedad, para acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, según informaron medios estadounidenses, como CNN, citando fuentes familiarizadas con el tema.

Esta medida, que permite al mandatario detener o expulsar a ciudadanos extranjeros sin necesidad de una audiencia judicial, marca un paso decisivo en el cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña: erradicar la presencia de indocumentados y combatir las redes criminales que amenazan la seguridad nacional.

La decisión de Trump de recurrir a esta ley, que no se invoca desde la Segunda Guerra Mundial, responde a su diagnóstico de que Estados Unidos enfrenta una crisis de inmigración descontrolada.

En su discurso de posesión, el presidente afirmó: “Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ordenaré a nuestro gobierno que utilice el pleno e inmenso poder de la aplicación de la ley federal y estatal para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense”.

La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada el 6 de julio de 1798 bajo la presidencia de John Adams, fue diseñada originalmente para proteger al país en tiempos de guerra declarada o ante una “invasión o incursión predatoria” por parte de una nación extranjera.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt la utilizó para justificar el internamiento de más de 31.000 ciudadanos de origen japonés, alemán e italiano entre 1941 y 1945. Ahora, Trump planea reinterpretarla para abordar lo que ha calificado como una “invasión” de inmigrantes ilegales.

Fuentes cercanas a la administración revelaron a CNN el 13 de marzo que el objetivo principal de esta medida es agilizar la deportación de miembros de pandillas como el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que opera en varios países, incluido Estados Unidos.

El Instituto de Política Migratoria estima que actualmente hay unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, una cifra que Trump ha citado repetidamente para justificar su ofensiva. El vicepresidente J.D. Vance, en una declaración del 9 de febrero en Fox News, afirmó que las deportaciones podrían comenzar con “un millón de personas” como meta inicial.

Durante su campaña electoral de 2024, Trump detalló su plan en un mitin en Aurora, Colorado, el 11 de octubre. Allí anunció la “Operación Aurora”, destinada a expulsar a presuntos miembros del Tren de Aragua, y aseguró: “Invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para atacar y desmantelar todas las redes criminales de inmigrantes que operan en suelo estadounidense”.

Sin embargo, la aplicación de esta ley enfrenta obstáculos legales significativos. Expertos como Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, señalaron a BBC Mundo que “Trump planea decir que EE.UU. está en guerra con los cárteles de la droga que controlan ciertos países latinoamericanos como pretexto para invocar la ley”, pero advirtió que “tal intento seguramente será juzgado por los tribunales federales”. En efecto, la ausencia de una guerra declarada o una invasión militar formal podría complicar su uso en el contexto migratorio.

La administración Trump ha defendido su estrategia como una respuesta necesaria a la inseguridad. Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca, afirmó en CNN que el objetivo es arrestar “al menos 75 personas por día, pero esperemos que muchos más”, destacando la presión sobre las agencias de inmigración para ejecutar el plan.

Miller también mencionó que la Ley de Insurrección, evaluada en paralelo, podría usarse contra los cárteles, aunque no se ha descartado su empleo en operativos internos.