La tormenta en Bahía Blanca desata una puja política por los recursos en Argentina

Una devastadora tormenta azotó el 7 de marzo de 2025 la región de Bahía Blanca, Coronel Rosales y sus alrededores, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, dejando a su paso inundaciones sin precedentes, miles de evacuados y al menos seis víctimas fatales confirmadas.

Con precipitaciones que alcanzaron los 350 milímetros en pocas horas, la ciudad enfrentó anegamientos masivos que dañaron hogares, comercios, infraestructura clave como el Hospital Interzonal Dr. José Penna y hasta puentes y rutas esenciales. Este desastre natural, uno de los peores en la historia reciente de la región, ha puesto en el centro del debate la gestión de recursos públicos y las prioridades gubernamentales en un país ya tensionado por disputas económicas y políticas.

En este contexto, el bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza (LLA), liderado por Agustín Romo, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense exigiendo al gobernador Axel Kicillof una readecuación del Presupuesto General de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2025. La propuesta busca reasignar fondos actualmente destinados a áreas como políticas de género, comunicación pública, festivales musicales y otros gastos que los libertarios consideran secundarios, para dirigirlos a la atención inmediata de los damnificados por las inundaciones.

«Solicitamos que se priorice a los ciudadanos antes que los gastos políticos», señala el texto del proyecto, que refleja una crítica directa a la administración provincial, acusada de mantener una «maquinaria ideológica» en detrimento de las necesidades urgentes.

La magnitud de la crisis en Bahía Blanca

El temporal no solo dejó a Bahía Blanca bajo el agua, sino que expuso vulnerabilidades estructurales largamente ignoradas. Más de 275 personas fueron evacuadas en la ciudad, mientras que en Coronel Cerri la cifra ascendió a 800, según datos del municipio. Barrios enteros quedaron incomunicados, y el intendente Federico Susbielles estimó que la reconstrucción podría demandar más de 400 mil millones de pesos.

El gobierno nacional, liderado por Javier Milei, respondió instalando un hospital de campaña y enviando fuerzas federales, además de autorizar una partida inicial de 10 mil millones de pesos tras negociaciones entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y las autoridades locales. Sin embargo, esta asistencia ha sido calificada de insuficiente por algunos sectores, y el hospital de campaña permanece subutilizado, según reportes locales.

Por su parte, Kicillof activó un Comité de Emergencia Interministerial, desplegando recursos como lanchas, helicópteros, ambulancias 4×4 y personal de Defensa Civil. El gobernador recorrió las zonas afectadas y prometió apoyo continuo, pero sus críticas al gobierno nacional por supuestos recortes de fondos han reavivado una histórica puja entre la provincia y la Casa Rosada. Esta tensión se remonta a debates sobre la coparticipación federal y el financiamiento de las provincias, un tema sensible en Argentina, donde Buenos Aires aporta una porción significativa de los ingresos nacionales pero reclama una mayor devolución de recursos.

El trasfondo político y económico

La iniciativa de La Libertad Avanza no solo responde a la emergencia, sino que se inscribe en un enfrentamiento más amplio entre el oficialismo nacional y el gobierno provincial, identificado con el peronismo. Kicillof, un exministro de Economía de Cristina Kirchner, ha mantenido una postura crítica hacia las políticas de ajuste impulsadas por Milei, quien defiende una reducción del gasto público y una menor intervención estatal. En este marco, el presupuesto provincial 2025, aún pendiente de aprobación tras negociaciones fallidas en 2024, se ha convertido en un campo de batalla. La oposición, incluyendo a LLA, acusa al gobernador de priorizar gastos en publicidad oficial y programas sociales sobre infraestructura crítica, como obras hídricas que podrían haber mitigado el impacto del temporal.

El proyecto libertario estima que reasignar partidas de áreas como el Ministerio de Género y Diversidad (16.471 millones de pesos) y Comunicación Pública (32.180 millones de pesos) podría liberar más de 50 mil millones de pesos para la emergencia. Sin embargo, desde el gobierno provincial se argumenta que estos fondos cumplen funciones esenciales y que la responsabilidad de financiar desastres naturales debe ser compartida con la Nación, que, según Kicillof, adeuda a Buenos Aires unos 750 mil millones de pesos en coparticipación. Esta disputa refleja una lucha de poder en un país donde las provincias dependen en gran medida de transferencias federales, mientras el gobierno central busca recortar el déficit fiscal.