La policía española entra en la sede del partido gobernante en una investigación por corrupción
La policía española entró el viernes en la sede del gobernante Partido Socialista para copiar los correos electrónicos del ex alto cargo del partido Santos Cerdán, cuya dimisión la semana pasada en medio de una creciente investigación por corrupción desencadenó una grave crisis política.
El juez Leopoldo Puente, que investiga las acusaciones contra Cerdán y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, había ordenado que el partido permitiera a los agentes vestidos de civil acceder a sus instalaciones, aunque la Guardia Civil y fuentes gubernamentales dijeron que la medida no constituyó un registro ni una redada.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, también confirmaron una visita similar a la Dirección General de Carreteras del ministerio.
La dimisión de Cerdán, un aliado cercano del primer ministro Pedro Sánchez, el 12 de junio, y las posteriores revelaciones de posible mala conducta han desestabilizado la coalición gobernante minoritaria.
Sánchez se disculpó públicamente, pero rechazó las peticiones de dimisión de la oposición. En un tenso interrogatorio en el Parlamento el miércoles, se negó a decir si su nombre podría aparecer en la investigación.
El caso Cerdan es el último y más grave de una serie de escándalos que han obligado a Sánchez a defenderse de los pedidos de elecciones anticipadas de sus oponentes.
Cerdan renunció a su escaño en el Parlamento y a su puesto en el Partido Socialista después de que un informe policial fuera enviado al juez.
El informe, visto por Reuters, proporcionó transcripciones de grabaciones de Cerdan, Abalos y el ex asistente de este último, Koldo García, discutiendo presuntos sobornos.
Cerdan «parecía ser el responsable de recibir esos presuntos pagos», escribió la policía en el informe. Cerdan ha negado públicamente cualquier irregularidad.
El juez también solicitó a la policía que investigara las cuentas bancarias de Cerdan, de empresas que presuntamente pagaron sobornos y de cinco empresarios. Se analizarán alrededor de 500 cuentas bancarias, según el auto.
También ordenó al operador estatal de infraestructuras ferroviarias, Adif, y al departamento de carreteras del Ministerio de Transportes que entreguen los archivos sobre obras públicas que fueron cuestionados en un informe policial preliminar.
Abalos y García testificarán ante el juez la próxima semana, mientras que Cerdán comparecerá el 30 de junio.
Reuters
