La pirámide de la miseria: cómo se organiza la extorsión a beneficiarios de ayuda social en Argentina

En una investigación de más de cuatro meses en la Justicia argentina, se han revelado detalles escalofriantes sobre un presunto sistema de extorsión y abusos perpetrados por organizaciones piqueteras contra beneficiarios de planes sociales y asistencia alimentaria.

La causa se inició a fines de diciembre en el fuero federal, a raíz de una denuncia presentada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, basada en los testimonios obtenidos en la línea 134 habilitada por el Gobierno para que las víctimas reportaran presiones indebidas por parte de las organizaciones que administraban las políticas de asistencia social.

Esta línea gratuita recibió 130.000 llamados, de los cuales 2720 pudieron ser atendidas y 924 se transformaron en denuncias formales. Se transmitieron comportamientos irregulares, otros directamente ilegales y la mayoría crueles por quienes recibieron esos maltratos: desocupados, pobres y necesitados, la mayoría mujeres, señalan las actuaciones.

A partir de las denuncias y la investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, se pudo reconstruir una supuesta matriz de extorción montada con los recursos de planes sociales y alimentarios destinados a los sectores más vulnerables.

Los allanamientos, ordenados por la Sala I de la Cámara Federal tras convalidar las intervenciones telefónicas, se realizaron desde la madrugada del lunes y recayeron sobre dirigentes y militantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y otras organizaciones menores.

Uno de los allanamientos más significativos fue el realizado en el domicilio de María Isolda Dotti, del FOL, donde se encontraron 54.448 dólares en efectivo, 478 mil pesos y un boleto de compraventa de una propiedad. El monto total supera largamente los 55 millones de pesos, precisan las actuaciones.

En otro procedimiento, en la sede del Polo Obrero, se hallaron 16.425 dólares, casi 7 millones de pesos, computadoras, discos rígidos y pendrives, superando los 22 millones de pesos en total.

La principal hipótesis que analizan Pollicita y los investigadores es que las organizaciones piqueteras montaron una maquinaria que se retroalimentaba con recursos de planes sociales y alimentos recibidos de los gobiernos. Un circuito sin fin de piquetes, planes, dinero, más piquetes, más planes, más dinero, más piquetes.

Según la denuncia, la dinámica se basaba en «exigir coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan'».

«Detectamos seis escalones. El líder piquetero es la cara visible ante los medios y el gobierno. Debajo de ellos están los referentes, que están a cargo de barrios y varios comedores. Después aparecen los delegados, que tienen la condición del viejo puntero. Luego están las cuadrillas o esenciales, que son los que convocan y proponen a los beneficiarios», explicaron fuentes de la investigación.

De acuerdo con la investigación, para recibir un plan, cada beneficiario debía aportar un porcentaje del dinero que cobraba. «Había un escalafón. El referente era el líder principal y era el que iba organizando para abajo. A los que no cumplían lo que les decían, los bajaban y los podían mandar hasta a lista de espera, con lo cual la persona no cobraba, perdía el plan y tenía que esperar para volver», reveló un funcionario a Infobae.

«Lo grave es que a la gente le cobraban para mantener y para darle comida», agregó.

Asimismo, se comprobó la existencia de un sistema de control donde se pasaba lista en las manifestaciones y se armaba una «lista de castigados» que debían «reparar» su falta mediante el cumplimiento de nuevas tareas o el pago de multas de hasta 10.000 pesos por ausencia.

«Se les exigía ‘justificar’ las ausencias a las ‘movilizaciones’ con ‘comprobantes’. Por ejemplo, de turnos médicos o trámites, y como castigo también se les prohibía retirar comida durante determinado tiempo», detallan las fuentes judiciales.

El fiscal Pollicita estableció la existencia de estructuras piramidales al interior de cada comedor, con cinco niveles. En el estrato inferior se ubican las «listas de espera»; luego están los «beneficiarios comunes» que perciben la prestación y deben asistir a marchas; en el tercer escalón están quienes perciben el doble de la prestación a cambio de otras tareas, denominados «cuadrilla», «esenciales» o «nexo».

Por encima se encuentran los «delegados», que perciben hasta el cuádruple de dinero, exigen plata al resto, cobran cuotas y dirigen las sanciones. En el quinto nivel están los «referentes», que dirigen a los delegados, intimidan a las víctimas y controlan la recaudación y asistencia a las movilizaciones.

Entre los investigados se identificó a Jeremías Cantero, del Polo Obrero, quien coordinaba el funcionamiento de varios comedores e intervenía en las exigencias de dinero y extorsiones, según Pollicita. También a Elizabeth del Carmen Palma, encargada de cargar datos en el sistema para que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social.

En una escucha telefónica del 27 de marzo, Palma hablaba de la posibilidad de que la investiguen por lavado de dinero y por las «cooperativas que están recibiendo las cápitas», y Cantero le contestó que debían pensar «un plan de adónde va eso», cita la acusación, sospechando que se canalizaron fondos a través de cooperativas.

Los chats analizados revelan un sistema extorsivo de premios y castigos. «Ingresan a comedor» por asistir a marchas, mientras que otros son degradados a «lista de espera» por no pagar el «alquiler del comedor», quedando impedidos de retirar mercadería.

«Son personas inescrupulosas que manejaban las necesidades más básicas de la gente. Estamos hablando de mucha plata. Creemos que son unos 700 millones por mes», aseveraron portavoces con acceso a la causa.

Ante las acusaciones, los líderes piqueteros denunciados se juntaron frente al Congreso y dieron una conferencia de prensa para denunciar una supuesta persecución y criminalización de la protesta social, sin referirse a las pruebas en su contra.