Naciones alzan la voz en rechazo a iniciativa de la ONU para despenalizar algunas formas de pornografía infantil

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca despenalizar algunas formas de pornografia infantil a través de un nuevo tratado internacional contra la ciberdelincuencia. Varias naciones han alzado la voz exponiendo su rechazo a la iniciativa.

Según un reporte de la agencia de noticias Zenit del 20 de agosto, la Asamblea General de la ONU adoptará próximamente el controvertido tratado que, entre otras cuestiones, abre la puerta a la legalización de representaciones de pedofilia.

El tratado contra la ciberdelincuencia exige la cooperación internacional para investigar y perseguir los delitos relacionados con los datos, los delitos financieros y otros delitos cometidos mediante el uso de las tecnologías de la información. También contiene varias disposiciones voluntarias relacionadas con la prestación de ayuda financiera y el desarrollo de capacidades a los países pobres.

Sin embargo, la controversia surgió en el artículo 14 del texto. Allí se describe que los países pueden optar por despenalizar «la producción, distribución y posesión» de contenidos visuales, escritos o sonoros que representen a niños víctimas de abusos sexuales, siempre que no representen a una «persona existente» o no representen visualmente «abusos sexuales a niños o explotación sexual de niños».

Asimismo, en los incisos del mencionado artículo, además, se da a los países la opción de legalizar el sexting (el envío de imágenes o videos con contenido sexual) por parte de menores, incluido el sexting entre menores que han alcanzado la edad de consentimiento y adultos.

El nuevo tratado solo se limita a prohibir la distribución no consentida de tales imágenes más allá de las partes que las consienten.

En la votación, 51 países pidieron eliminar las cuestionadas disposiciones, sin embargo estas se mantuvieron en el texto final por el visto bueno de 91 países, encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea.

En la negociación previa, de acuerdo al reporte de Zenit, las delegaciones de Irán y la República Democrática del Congo pidieron la supresión de estas excepciones argumentando que las mismas se utilizarían para perjudicar a los niños y promover prácticas sexuales perversas.

Particularmente, el delegado del Congo expuso que estas nuevas disposiciones entran en conflicto con la prohibición de la pornografía infantil descrita en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Cabe resaltar que este Protocolo, que tiene carácter de tratado internacional vinculante, estableció normas para combatir la pornografía infantil, incluida la responsabilidad objetiva por la mera posesión de pornografía infantil. El mismo ha sido ratificado por 173 naciones.

En este marco, la reciente postura del gobierno de Estados Unidos resulta contradictoria ya que este país fue precisamente el principal promotor del Protocolo sobre los Derechos del Niños hace tan solo 25 años.

Las delegaciones que apoyaron las excepciones a algunas formas de pornografía infantil argumentaron que éstas no perjudicarían a los niños e hicieron hincapié en que la convención era pionera porque exigía a todas las partes tipificar como delito la «divulgación no consentida de imágenes íntimas».

La agencia Zenit resalta que el esfuerzo internacional por promover la pornografía infantil no es nuevo. Hace varios años, UNICEF publicó, y más tarde bajo presión se retractó, un informe que afirmaba que la pornografía puede ser buena para los niños.

Entre las naciones que expresaron su preocupación por las lagunas jurídicas del nuevo tratado se encuentran Nicaragua, Níger, Yibuti, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Irak, Guatemala, Malí, Tanzania, Venezuela, Tailandia, Siria, Burkina Faso, Paraguay, Senegal, Marruecos, Sudán, Uganda, Kenia y Zimbabue.

«Me gustaría preguntar de nuevo qué derechos estamos protegiendo, ¿los de los delincuentes o los de las víctimas?», dijo un delegado de Rusia citado por la mencionada agencia de noticias.

El nuevo tratado se adoptó el 16 de agosto tras tres años de negociaciones. Se espera que la Asamblea General adopte formalmente el tratado a finales de este año y que se abra a la firma de los países. Sólo entrará en vigor cuando lo ratifiquen cuarenta países.