La Justicia ordena decomisar 20 propiedades de Cristina Kirchner por más de 684 mil millones de pesos
Un tribunal federal argentino dictaminó este 18 de noviembre el decomiso de al menos 20 inmuebles vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, así como a otras personas condenadas, como parte de la pena en la causa Vialidad.
Un decomiso multimillonario
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires fijó el valor actualizado de los bienes a decomisar en 684.990.350.139,86 pesos, según la resolución judicial.
Este monto es mucho más alto que el establecido originalmente en el fallo de condena, que era de alrededor de 84.835 millones de pesos.
¿Qué propiedades incluye el decomiso?
El fallo contempla inmuebles que estaban a nombre de la exmandataria, de sus hijos y de sociedades vinculadas a su familia. Entre los bienes más relevantes aparecen:
- Una propiedad en El Calafate, en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, de más de 6.000 m².
- Lotes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner en Río Gallegos, sobre la calle Mitre al 500, con al menos 10 unidades.
- Otro inmueble en Río Gallegos, en la calle 25 de Mayo al 200, y una propiedad más en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400.
- Terrenos extensos en El Calafate, incluidos los que forman parte del Hotel Los Sauces, un complejo hotelero que ya fue señalado en otras causas judiciales.
- Dos terrenos muy grandes en El Calafate: uno de 44.106 m² y otro de 87.046 m², adquiridos en 2007.
- Propiedades vinculadas a empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y otras, que también serán alcanzadas por la medida.
Contexto de la causa
La decisión se inscribe en la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta.
La sentencia, que ya es firme desde el 10 de junio, le impuso seis años de prisión domiciliaria a la expresidenta, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Al mismo tiempo, el tribunal dio instrucciones para que el Ministerio Público Fiscal identifique los bienes exactos, su origen y su relación con las maniobras denunciadas.
La Justicia fundamenta la medida en normas internacionales anticorrupción (como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) y en la responsabilidad de recuperar activos malhabidos para resarcir “el daño a la administración pública y a la sociedad”.
