La investigación policial que busca vincular a Bolsonaro con un intento de golpe de Estado en Brasil ya tendría fecha

Una investigación de la policía federal de Brasil concluirá que el expresidente Jair Bolsonaro conspiró para diseñar un intento de golpe de Estado tras los resultados de las elecciones de 2022, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo de las investigaciones.

Según la fuente, las señales de la participación de Bolsonaro en el armado de un proyecto de decreto para anular los resultados electorales se verán reforzadas por más pruebas recogidas por la policía federal mediante órdenes de registro e incautación.

Se espera que la investigación concluya en noviembre.

Los abogados de Bolsonaro no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El expresidente conservador siempre ha negado haber cometido algún delito.

La fuente, que pidió el anonimato para discutir el tema, detalló que una nueva evidencia demostraría que Bolsonaro y sus aliados habían diseñado un plan a fines de 2022 para evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva que tendría lugar el 1 de enero de 2023.

Se esperaba que la investigación concluyera en agosto, pero se extendió después de que la policía pidiera ver evidencia de una investigación separada sobre la supuesta vigilancia ilegal de los adversarios políticos de Bolsonaro mientras era presidente.

Elecciones controvertidas

Lula asumió su tercer mandato en Brasil a principios del año pasado con una grave polarización en las calles producto de su cuestionada legitimidad para asumir el cargo.

El camino del líder izquierdista al Palacio de Planalto estuvo envuelto de graves acusaciones de irregularidades y fraude electoral. Al punto que, desde que tuvieron lugar las elecciones hasta la asunción, millones de personas se volcaron diariamente a las calles para pedir una auditoría electoral y hasta un golpe militar para que no asuma el líder del Partido de los Trabajadores.

Varios informes revelaron anomalías en las máquinas de votación electrónica utilizadas tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. Estas investigaciones alentaron a que miles de brasileños acampen fuera de los Cuarteles Generales de todo el territorio brasileño solicitando a las Fuerzas Armadas que actúen para que se respete la voluntad del pueblo y el correcto funcionamiento de la república.

De hecho, las propias Fuerzas Armadas presentaron su investigación de la elección, la cual resaltó que en el ballotage, ocurrido el 30 de octubre de 2022, hubo un “riesgo relevante” de fraude. Por eso, sugirieron una auditoría. Su pedido, al igual que los que vendrían después, fueron ignorados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), comandado por el controvertido juez nombrado por Lula, Alexandre de Moraes.

En el ámbito privado, el grupo “Brazil Was Stolen” realizó una profunda investigación que determinó severas irregularidades en las máquinas de votación que fueron compradas durante los gobiernos de Lula, Dilma Rousseff y Michel Temer, las cuales no se pueden auditar. El análisis del grupo investigador encontró que estas máquinas arrojaron diferencias significativas hacia Lula da Silva.

Pero esto no es todo. El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro le encargó al Instituto Voto Legal (IVL) que realizara también una auditoría. El resultado fue coherente con los dos anteriores: hubo severas vulnerabilidades en las elecciones de octubre en los modelos de las máquinas electrónicas que fueron compradas previo a la gestión de Bolsonaro. 

Según la Ley Electoral, y de manera legal, el IVL está autorizado oficialmente por el TSE para hacer una auditoría de la elección. Por eso, el PL presentó oficialmente un pedido para que se invaliden los votos de cinco modelos de urnas. En total se trataba de 350.000 equipos.

Según un estudio independiente, si se anularían esos votos, Bolsonaro se hubiese impuesto en la elección con el 51,1% frente al 48,9% de Lula. 

Igualmente, el TSE no dio lugar al pedido del IVL.

A pesar de esta enorme evidencia que -para muchos- justificaba una intervención del TSE, Bolsonaro decidió no tomar acción, anticipando sanciones internacionales y la condena de los organismos supranacionales.

¿Qué sucedió el 8 de enero de 2023?

El juez De Moraes ha condenado con hasta 17 años de prisión a simpatizantes de Bolsonaro que simplemente estuvieron presentes el 8 de enero de 2023 cuando una multitud se congregó en Brasilia para protestar contra lo que consideraban un gobierno ilegítimo que acababa de asumir.

La fuente citada por Reuters describió que ese motín pareció haber sido «el último aliento de un intento de golpe de Estado» por parte de Bolsonaro y sus seguidores.

La fuente también dijo que se habían encontrado nuevas pruebas en los teléfonos celulares de las personas objeto de la investigación policial, pero no detalló qué podría incluirse en el informe final, que se espera sea enviado a la Corte Suprema el próximo mes.

Sin embargo, hay que aclarar que cuando ocurrieron los hechos del 8 de enero, Bolsonaro se encontraba en Florida, Estados Unidos, adonde viajó luego de las elecciones.

Por eso, hay otra explicación, distinta a la hipótesis que barajan el juez De Moraes, la policía y los medios hegemónicos brasileros.

«Toda esa narrativa de que Bolsonaro incentivó un golpe es todo mentira porque él ni siquiera estaba en Brasil en ese entonces», explica la periodista brasilera, María Laura Assis en una entrevista con Mundo Libre Diario.

Assis detalla que en el marco de la manifestación de los bolsonaristas «un par de infiltrados arrancaron con líos, quemando y rompiendo, y terminaron invadiendo los tres edificios de los tres Poderes, que quedan en la plaza principal de Brasilia, uno al lado de otro».

«¿Ustedes creen que si realmente la derecha quisiera dar un golpe de Estado, como ellos lo alegan, iban a invadir tres edificios en plenas vacaciones un domingo donde no había nadie adentro de esos edificios, sin el apoyo del ejército ni de la policía? ¿Cómo vas a hacer un golpe de Estado sin armas ni apoyo militar? No existe eso… Es una falacia», afirma Assis.

La periodista agrega que para impedir que esto salga a la luz el gobierno de Lula prohibió la divulgación de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en todos los edificios gubernamentales.

Sin embargo, Assis resalta que, antes de la prohibición, CNN ya tenía acceso a algunas filmaciones y las terminó difundiendo. Entre otras cosas, en ellas se veía al entonces ministro de Seguridad del gobierno de Lula, Gonzalo Díaz, adentro de uno de los edificios dirigiendo a los manifestantes hacia los lugares donde debían causar destrozos.

En este marco, cabe esperar que, igualmente, los resultados de la investigación policial terminen inculpando a Bolsonaro en lo que consideran un intento de golpe de Estado. Asimismo, la justicia de Brasil también le ha prohibido al expresidente ejercer cargos públicos hasta 2030.

El militar retirado y líder conservador, por su parte, ha señalado que no teme ser juzgado, siempre y cuando «los jueces sean imparciales».

Con información de Reuters