La gota que rebalsó el vaso: la Asociación de Juntas Escolares de Pensilvania se retira de la NSBA por carta sobre ‘terrorismo doméstico’

La asociación de juntas escolares del estado de Pensilvania se ha retirado oficialmente de la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA) en protesta por la carta de la organización al presidente Joe Biden en la que se pide el uso de la Ley Patriota y la clasificación de los padres que protestan contra la Teoría Crítica de la Raza (TCR) y los mandatos de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) como «terrorismo doméstico».

La Asociación de Juntas Escolares de Pensilvania (PSBA) hizo el anuncio de que había votado por unanimidad separarse de la NSBA en un memorando interno que se hizo público en Twitter el 14 de octubre.

“La controversia nacional más reciente en torno a una carta al presidente Biden sugiriendo que algunos padres deberían ser considerados terroristas domésticos fue la gota que colmó el vaso”, decía el memo, confirmado por WHYY, afiliada de PBS/NPR.

“Este enfoque equivocado ha dificultado nuestro trabajo y el de muchas juntas escolares. Ha fomentado más disputas y partidismo en nuestro trabajo en nombre de los directores de escuela, cuando buscamos encontrar puntos en común y apoyar a todos los directores de escuela en su trabajo, sin importar su política”.

El memo dice que la Asociación representa a 4.500 miembros de la junta escolar y 500 juntas escolares en todo el estado.

En la carta de la NSBA al presidente del 29 de septiembre, el grupo agradeció a Biden por suministrar fondos a través de paquetes de gastos multimillonarios promulgados por los demócratas durante los primeros 8 meses de la nueva presidencia, al tiempo que caracterizó las protestas en las reuniones de la junta en diferentes lugares como «ataques contra miembros de la junta escolar y educadores por aprobar políticas para máscaras” y “amenazas físicas debido a la propaganda que pretende la falsa inclusión de la teoría crítica de la raza en la instrucción y el plan de estudios en el aula”.

La Asociación pidió al presidente que desplegara al FBI, DOJ, DHS, Servicio Secreto y NTAC para combatir «actos de malicia, violencia y amenazas contra funcionarios de escuelas públicas», que según la NSBA deberían caracterizarse como «una forma de terrorismo doméstico y crímenes de odio».

Un ejemplo citado en la carta fue el caso del 22 de junio en el que Scott Smith, padre de una niña de 15 años que supuestamente fue sodomizada y agredida en el baño de una escuela secundaria por un niño que vestía una falda y se autoidentificaba como mujer, fue golpeado y arrestado por la policía en una reunión de la junta del condado de Loudoun mientras desafiaba a los ejecutivos por el asalto de su hija.

El asalto ocurrió el 28 de mayo, sin embargo, el niño no fue acusado hasta el 8 de julio. Posteriormente, fue trasladado a otra escuela y se le colocó un monitor de tobillo. Agredió a otra niña en su nueva escuela el 6 de octubre y ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves como resultado de ambos incidentes.

En respuesta a la carta de la NSBA, el Procurador General Merrick Garland desplegó las oficinas del FBI y los Fiscales Federales en todo el país para «convocar reuniones con líderes federales, estatales, locales, tribales y territoriales en cada distrito judicial federal dentro de los 30 días posteriores a la emisión de esta memorándum».

«Estas reuniones facilitarán la discusión de estrategias para abordar las amenazas contra los administradores escolares, los miembros de la junta, los maestros y el personal, y abrirán líneas de comunicación dedicadas para informar, evaluar y responder a las amenazas», se lee en un memorando del 4 de octubre publicado por Garland.

En los comentarios del 11 de octubre de la PSBA al Delaware Valley Journal, la Asociación reveló que ya se había opuesto a la carta de la asociación nacional: “No se consultó a la Asociación de Juntas Escolares de Pensilvania antes de que la Asociación Nacional de Juntas Escolares le enviara la carta al presidente. Biden … No se nos pidió aportación ni discusión sobre su contenido «.

En el artículo, Simon Campbell, un exmiembro de la junta escolar, habló enérgicamente en contra de la caracterización criminal de las protestas de los padres de la NSBA y el despliegue del fiscal general Garland de la aplicación de la ley federal. “La actividad criminal es una actividad criminal, no importa donde ocurra. Sin embargo, no vemos memorandos públicos del Fiscal General de los EE. UU. Dirigidos a todos los ciudadanos que van a las tiendas de conveniencia solo porque algunas tiendas de conveniencia pueden haber informado de una posible actividad delictiva». 

«Es escalofriante que el presidente Biden haya autorizado la persecución de ciudadanos estadounidenses por su participación en asuntos de política pública. Que alguien tenga que temer ser investigado como terrorista doméstico por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda en una reunión del consejo escolar, es una prueba de que el presidente Biden ha lanzado un ataque a nuestra República y a las mismas libertades que apreciamos como estadounidenses».

Campbell dijo además: «Esto es como una escena de película horrible de la Alemania de 1930».

Matthew Weintraub, fiscal del condado de Bucks, declaró al periódico: «No es necesario. No hay lugar para [eso], tendrá un efecto escalofriante en nuestro derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión».

Weintraub hizo una advertencia a su declaración: «No quiero que se confunda lo que estoy diciendo… si alguien va a amenazar abiertamente a otra persona, ya sea en Internet o en directo en un consejo escolar con ira, tendrá que rendir cuentas». 

“Pero si simplemente expresan su enojo o su disgusto por la calidad de su educación o la forma en que se brinda esa educación, tienen derecho a ser escuchados. Y defenderé firmemente ese derecho bajo la Primera Enmienda».

El grupo de defensa Parents Defending Education (PDE) dijo que se había puesto en contacto con 47 juntas escolares estatales solicitando su posición en la carta de la NSBA. El grupo dijo que a partir del 18 de octubre, 18 estados, incluidos:

• Arkansas
• Delaware
• Florida
• Georgia
• Idaho
• Kentucky
• Luisiana
• Misisipí
• Misuri
• Montana
• New Hampshire
• Carolina del Norte
• Pensilvania
• Tennesse
• Texas
• Virginia
• Wyoming

se habían «distanciado de la carta de la NSBA». PDE señaló que California se negó a responder. 

El PDE publicó el texto de las cartas recibidas de cada Asociación en respuesta a sus consultas en el Comunicado de Prensa.