La dictadura cubana quita ‘libreta de abastecimiento’ a quienes pasen más de 2 meses fuera de la isla

La dictadura comunista cubana intensifica su presión sobre aquellos que abandonan el país por más de dos meses, retirándoles la libreta de abastecimiento. Este instrumento, inicialmente presentado por Fidel Castro como una medida «temporal» hace 60 años, tiene como único propósito controlar a la población mediante la manipulación de la escasez de alimentos.

A pesar de regular la cantidad de alimentos permitidos por persona, el régimen ahora va un paso más allá: mediante una Gaceta Extraordinaria, establece que aquellos que permanezcan fuera del país por más de dos meses deben gestionar la baja ante la Oficina de Registro del Consumidor (Oficoda).

Anteriormente, el castrismo permitía al menos tres meses fuera del país antes de tener que realizar este trámite. Con esta nueva decisión, se restringe aún más la posibilidad de acceso a alimentos para los cubanos, especialmente aquellos que no cuentan con recursos para comprar productos en Mipymes, donde se comercializan bienes importados en dólares y cuya calidad es cuestionable.

La medida en torno a la libreta de abastecimiento parece ser un intento de ocultar la ineficiencia del régimen cubano. Muchos residentes de la isla cuestionan el costo logístico de sacar a más personas del denominado «beneficio» en comparación con lo poco que este ofrece. Sugieren que el castrismo gastará más en papel y tinta que en los beneficios proporcionados mediante la libreta.

Además, la administración de Miguel Díaz-Canel no ha logrado digitalizar el proceso, a pesar de los intentos iniciados en 2018. Aunque existe la obligación de comunicar altas y bajas por fallecimientos, salidas del país o cambios en el domicilio desde hace más de 30 años, la falta de cumplimiento era considerable. La digitalización, anunciada para «aumentar el control sobre los cambios», se ha visto obstaculizada por fallas en el sistema y corrupción. El régimen busca restringir un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 sin contar con los recursos adecuados.

Esta no es la primera medida represiva del castrismo hacia los cubanos. Hace apenas tres meses, se impidió la salida de unos 600 ciudadanos debido a «deudas significativas» con el fisco. Esto no solo es arbitrario en términos del derecho al libre tránsito, sino que también subraya la necesidad de recursos y represión hacia la población.

Mientras Díaz-Canel anuncia estas medidas, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) continúa emitiendo informes diarios de cortes eléctricos. Solo el 7 de diciembre, los apagones afectaron al 11 % de Cuba en el horario de mayor consumo. La falta de inversión en centrales termoeléctricas y la corrupción se cuentan entre las causas de esta crisis, que no ha sido solucionada a pesar de la adquisición de siete centrales eléctricas flotantes en los últimos cinco años a Turquía.

El dictador cubano persiste en culpar al «bloqueo» estadounidense, calificándolo como la «más flagrante, masiva y sistemática violación de los derechos humanos de todo un pueblo». Sin embargo, aumenta en casi un 900 % la compra de azúcar a Estados Unidos, evidenciando relaciones comerciales fluidas entre ambas naciones.