La administración Trump refuerza la protección a manifestantes provida

El Departamento de Justicia, bajo la nueva administración del presidente Donald Trump, anunció este viernes recortes en los procesamientos federales relacionados con casos de obstrucción al acceso a clínicas de aborto. Según un memorando emitido por Chad Mizelle, jefe de gabinete del fiscal general, estos casos solo serán perseguidos en circunstancias graves y extraordinarias.

La Ley de Libertad de Acceso a Entradas de Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés), promulgada en 1994, prohíbe el uso de fuerza o la obstrucción física para interferir con quienes buscan o proveen procedimientos cuestionados como el aborto.

En el memorando, Mizelle ordenó además la desestimación inmediata de tres casos civiles presentados contra individuos acusados de bloquear el acceso a clínicas en Florida, Pensilvania y Ohio.

El anuncio coincidió con la Marcha por la Vida, una manifestación anual en Washington organizada por opositores al aborto, y llegó un día después de que Trump otorgara indultos a 23 personas involucradas en protestas contra el aborto, algunas de las cuales habían sido condenadas por bloquear entradas de clínicas.

Por lo general, estas personas son cristianos o creyentes que quieren convencer pacíficamente a la mujer de que hay mejores opciones que la de asesinar a su bebé en su vientre, una carga que llevará en su conciencia y además podrá provocar graves secuelas en su cuerpo.

Este cambio de política representa una desviación del enfoque adoptado durante administraciones anteriores, como la de Joe Biden, cuyo Departamento de Justicia había utilizado la Ley FACE para procesar casos relacionados con manifestantes provida, que incluso sufrieron persecución.

En su memorando, Mizelle argumentó que las políticas bajo esta administración buscan evitar el uso indebido del gobierno federal en casos que no representen circunstancias graves. Indicó que los casos futuros basados en la Ley FACE serán evaluados bajo criterios más estrictos, como daños graves, lesiones corporales importantes o destrucción significativa de propiedad.

Adicionalmente, el memorando establece que no se permitirá la apertura de nuevos casos relacionados con la Ley FACE sin la autorización de altos funcionarios de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.