Justicia de Brasil pide al gobierno de Milei información sobre ‘bolsonaristas’ que escaparon a Argentina

La Policía Federal brasileña se encuentra investigando la fuga de varios de sus ciudadanos a la Argentina, a quienes se los acusa de haber participado en los incidentes del 8 de enero de 2023 al Palacio de Planalto en Brasilia, cuando se denunció un supuesto intento de golpe de Estado contra el entonces presidente electo Luis Inácio Lula da Silva.

Se estima que en los últimos meses, entre sesenta y cien partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, escaparon de la persecución política que sufren en su país para refugiarse en la Argentina. Y se cree que al menos 8 de estas personas pedirán a la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (CONARE), ser aceptados como refugiados por razones políticas para protegerse del pedido de captura internacional que está planeando emitir el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, informó Infobae.  

Este viernes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió una lista de 143 prófugos de la Justicia y le pidió al gobierno de Javier Milei que informe cuántas personas de esa lista se encuentran en el país. Ese pedido es considerado el paso previo al pedido de extradición, informó La Vanguardia.

Según altas fuentes en Brasilia, el pedido de extradición de la justicia de ese país a la de Argentina llegaría en las próximas horas, una jugada a través de la cual Brasil intentará adelantarse a una definición de la CONARE sobre el pedido de refugio. 

Si este organismo estatal -integrado por representantes de distintos Ministerios y con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y algunas ONGs- se pronuncia en favor de que la Argentina conceda el asilo político, eso en principio podría proteger a los refugiados bolsonaristas en la Argentina de su extradición a Brasil.

Este jueves, el cuestionado juez Alexandre de Moraes -titular del Tribunal Supremo de Brasil a cargo de la investigación- en el marco de un megaoperativo, llamado Lesa Patria, ordenó la detención de 208 personas que están siendo investigadas o ya condenadas por haber participado de los incidentes del 8 de enero. 

Según informaron las autoridades de la Policía Federal de Brasil, de esos 208, 49 fueron localizados por las fuerzas de seguridad pero los demás siguen prófugos y se los acusa ahora también de escapar al exterior y de haber burlado medidas cautelares impuestas por la Justicia brasileña.

Desde Brasil afirman que estas personas entraron principalmente a la Argentina, aunque también fueron a Paraguay y Uruguay.

Si bien la Policía de Brasil estimó en las últimas horas que el número de los que entraron a la Argentina asciende a 65, las autoridades locales consideran que ese número está más cerda de los 100. 

El paradero de ellos es desconocido y entre los que escaparon hay personas de todo tipo de profesiones, incluso pequeños empresarios.

En círculos diplomáticos se especula que el presidente Milei -dada su alineación ideológica con el expresidente Bolsonaro y su postura anticomunista y a favor de las libertades individuales- le pueda conceder la condición de refugiados a todos aquellos que así lo soliciten. 

A principios de mayo, el Congreso de EE. UU. acusó a funcionarios brasileños de “violaciones de derechos humanos a gran escala”, por toda la sumatoria de atropellos, violencia y censura que ha experimentado la oposición brasileña en los últimos años desde que Lula Da Silva se puso en campaña para recuperar la presidencia.   

Recientemente, en el marco de la conferencia “Censura, libertad de expresión y Derechos Humanos en Brasil”, organizada por la diputada argentina del partido oficialista, María Celeste Ponce, el diputado Eduardo Bolsonaro, expuso en el Congreso argentino sobre este tema. 

En su discurso, el hijo del expresidente denunció que con Lula “Brasil vive una dictadura” y solicitó «asilo político” de la Argentina para los militantes de su espacio que enfrentan causas penales por el ataque del 8 de enero. «Es lamentable que estas personas en Brasil estén recibiendo condenas de 14 a 17 años por cuenta de lo que pasó el 8 de enero”, expresó.

Y agregó: “Hablo con toda seguridad porque soy abogado y policía federal antes que diputado: si salgo a la calle en Brasil y asesino a alguien, yo no me trago 17 años de prisión por nada. ¿Por qué entonces lo harían personas que nunca pisaron una comisaría?”.

En ese sentido, Bolsonaro argumentó que hay una «persecución judicial» contra «personas que estaban protestando a kilómetros» respecto al lugar donde ocurrió el incidente.

Mundo Libre Diario también tuvo la oportunidad de entrevistar al legislador brasileño, que, entre muchas declaraciones contundentes, expresó que lo que está pasando hoy en Brasil es “una batalla espiritual”, “Estamos hablando del bien contra el mal”, sentenció.