Jueza de Florida escéptica ante los pedidos de amordazar a Trump en sus declaraciones sobre el FBI

La jueza que supervisa el caso de los documentos clasificados de Donald Trump reaccionó con escepticismo el lunes a una petición de los fiscales para prohibir al expresidente hacer declaraciones que puedan poner en peligro a los agentes de la ley que han trabajado en el caso.

En una audiencia en un tribunal federal de Florida, la jueza federal Aileen Cannon presionó a los fiscales para que presentaran pruebas de que las afirmaciones de Trump de que el FBI había sido autorizado para asesinarlo han provocado amenazas violentas contra los agentes que trabajan en el caso.

«Todavía tiene que haber una conexión entre las supuestas declaraciones peligrosas» y el riesgo de daño físico por parte de los partidarios de Trump, dijo.

En las redes sociales y en mensajes de recaudación de fondos, Trump ha afirmado que una política rutinaria de uso de la fuerza del FBI autorizaba a los agentes a intentar un asesinato cuando allanaron su finca de Mar-a-Lago en 2022 y se incautaron de cajas de documentos que se había llevado de la Casa Blanca.

Trump se ha declarado inocente de los cargos por retener ilegalmente documentos sensibles de seguridad nacional tras dejar el cargo en 2021, así como por obstruir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.

El caso penal es uno de los cuatro a los que se enfrenta Trump en su intento de derrotar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre.

Los jueces que supervisan dos de estos casos han impuesto órdenes de mordaza parciales a Trump para tratar de frenar sus ataques verbales contra fiscales, testigos y otros participantes.

Los fiscales de la oficina del abogado especial Jack Smith dicen que también debería enfrentarse a límites en este caso. «Este tipo de declaraciones no están ni cerca de los límites», dijo el fiscal David Harbach a Cannon.

Cannon no parecía estar de acuerdo, reprendiendo a Harbach cuando éste se opuso a sus frecuentes interrupciones. Anteriormente había denegado la petición por motivos procesales.

Las críticas de Trump por el registro del FBI en su club social de Mar-a-Lago se intensificaron el mes pasado después de que la política de uso de la fuerza del FBI se hiciera pública junto con otros registros relacionados con la operación.

La política estipulaba que el FBI no podía usar fuerza letal a menos que un agente u otra persona corriera grave riesgo de muerte o lesiones graves. Trump no estaba presente en el club en el momento del registro.

El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo que Trump estaba criticando a la administración del presidente Joe Biden, no a los agentes individuales que llevaron a cabo el registro.

«El presidente Trump está extremadamente frustrado porque la administración de Biden hizo una redada en su casa de Mar-a-Lago, y tiene derecho a estarlo«, dijo.

Un aluvión de mociones legales

Cannon ha fallado a favor del candidato presidencial republicano en solicitudes anteriores y ha permitido que una avalancha de mociones de su equipo legal ralentice el caso. Es poco probable que el caso llegue a un jurado antes de que Trump y Biden se enfrenten a los votantes en las elecciones del 5 de noviembre.

Más temprano en el día, otro abogado de Trump, Emil Bove, argumentó que el caso debe ser desestimado porque la oficina de Smith está financiada ilegalmente a través de una ley de la década de 1970 creada para procesamientos políticamente sensibles.

El fiscal federal James Pearce dijo a Cannon que la financiación había sido confirmada en casos judiciales anteriores que desafiaron a otros fiscales especiales – incluyendo a David Weiss, quien recientemente ganó una condena penal contra el hijo de Biden, Hunter Biden.

El viernes, el equipo legal de Trump argumentó que debería ser desestimada porque Smith tiene demasiada independencia – a pesar de que Trump lo ha criticado en repetidas ocasiones como un títere de Biden.

No está claro cuándo se pronunciará Cannon sobre esos argumentos, que han sido rechazados en otros tribunales.

Los asesores especiales han sido nombrados tanto en administraciones demócratas como republicanas para garantizar que un abogado pueda investigar de forma independiente y, si se justifica, procesar un caso sin ninguna apariencia de influencia política.

(Reuters)

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Redacción Mundo Libre
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