Italia abre sus puertas: ofrece 500.000 visas de trabajo para no europeos ante el declive poblacional
Italia, bajo el liderazgo de la primera ministra Giorgia Meloni, ha anunciado un ambicioso plan para emitir 497.550 visas de trabajo para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea entre 2026 y 2028.
Esta medida, confirmada por fuentes gubernamentales, busca abordar la creciente escasez de mano de obra en el país, impulsada por un severo declive demográfico.
La iniciativa refleja un cambio pragmático en la política migratoria del gobierno, que combina un enfoque estricto contra la inmigración irregular con la apertura a la migración legal para sostener la economía.
El declive poblacional de Italia es un problema crítico. En 2024, el país registró 281.000 muertes más que nacimientos, según datos oficiales, lo que resultó en una pérdida neta de 37.000 habitantes.
Esta tendencia, que lleva más de una década, ha generado una población envejecida y una fuerza laboral en contracción. Expertos estiman que Italia podría necesitar hasta 10 millones de inmigrantes para 2050 para estabilizar su demografía y mantener sectores clave como la agricultura, el turismo, la construcción y la atención médica.
La falta de trabajadores, tanto calificados como no calificados, ha llevado al gobierno a aumentar significativamente las cuotas de migración legal en comparación con años anteriores.
El plan de visas, que comenzará con 164.850 permisos en 2026, está diseñado para cubrir necesidades específicas del mercado laboral. Aproximadamente 267.000 visas se destinarán a trabajos estacionales, especialmente en agricultura y turismo, sectores que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera.
Además, se otorgarán permisos para ocupaciones calificadas, como enfermería, plomería y mecánica, así como para roles no calificados en construcción y hostelería. Estas cuotas se han establecido tras consultas con empresas y sindicatos, asegurando que respondan a las demandas reales del mercado.
A pesar de la apertura a la migración legal, el gobierno de Meloni mantiene una postura firme contra la inmigración irregular. Medidas recientes incluyen la aceleración de deportaciones y restricciones a las operaciones de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo.
Sin embargo, el reconocimiento de la necesidad de trabajadores extranjeros marca un equilibrio entre el control migratorio y las exigencias económicas.
El proceso para obtener estas visas requiere que los solicitantes consigan una autorización de empleo y una visa de trabajo antes de ingresar a Italia. Una vez en el país, deben solicitar un permiso de residencia dentro de los ocho días posteriores a su llegada. Este procedimiento busca garantizar una migración ordenada y regulada, alineada con las necesidades económicas del país.
La iniciativa también responde a la presión de las empresas italianas, que han reportado dificultades para cubrir vacantes en sectores clave debido a la falta de trabajadores locales.
