Inmigración ilegal: la problemática que podría ser crucial para definir las elecciones en Estados Unidos

La enorme y cada vez mayor inmigración ilegal en Estados Unidos jugará un papel importante en las próximas elecciones generales de 2024 del 5 de noviembre, cuando los votantes decidirán entre la vicepresidente Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

Según el informe del año fiscal 2023 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el número de cruces fronterizos ilegales registrados alcanzó los 3,7 millones en 2021, casi 4,8 millones en 2022 y aumentó a 6,2 millones en 2023, totalizando 14,7 millones en tres años. Los datos no incluyen los cruces ilegales que no se contabilizan en las estadísticas gubernamentales y los que ocurrieron en el año 2024 aún no se han contabilizado.

Springfield, Ohio, una ciudad de más de 50.000 habitantes, ha visto recientemente una afluencia de 15.000 inmigrantes de Haití, lo que ha alterado enormemente el estilo de vida de los residentes locales en un corto período de tiempo. Los informes virales de que los inmigrantes haitianos estaban comiendo mascotas en Springfield (ampliamente criticados pero nunca refutados de manera confiable por los principales medios de comunicación) han llamado aún más la atención sobre los problemas más amplios de acomodar y asimilar a grandes cantidades de recién llegados a las comunidades de Estados Unidos.

Una de las principales preocupaciones

A principios de año, una encuesta de Harvard/Harris del 18 de enero preguntó a los votantes cuál creían que era el problema más importante que enfrentaba Estados Unidos.

La inmigración se posicionó como la principal preocupación, con un 35 por ciento de los encuestados identificándola como el problema principal. La inflación y el aumento de los precios ocuparon el segundo lugar con un 32 por ciento; la economía y el empleo ocuparon el tercer lugar con un 25 por ciento; y el crimen y las drogas ocuparon el cuarto lugar, con un 16 por ciento de los encuestados diciendo que era el problema más importante que afectaba al país.

Las guerras extranjeras sólo aparecen en la lista con respecto al conflicto entre Israel y Palestina, que ocupa el puesto 15 en orden de mayor preocupación.

Una encuesta de Redfield & Wilton Strategies, publicada el 21 de agosto, mostró que el 53 por ciento de los encuestados consideraba que la inmigración era “extremadamente importante” para determinar su voto. Mientras tanto, el 22 por ciento la consideró “moderadamente importante” y solo el 6 por ciento dijo que “no era importante”.

Estas encuestas podrían ser motivo de preocupación para el Partido Demócrata, que desde hace tiempo ha apoyado una postura a favor de la inmigración.

En diciembre de 2023, el Centro de Estudios de Inmigración confirmó que existen más de 170 ciudades y condados santuario en Estados Unidos, la mayoría de ellos, si no todos, establecidos a instancias de funcionarios y activistas demócratas.

Las ciudades o condados santuario son aquellas que implementaron políticas locales para limitar u obstaculizar los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Nueva York, una importante ciudad santuario, ha acogido a un gran número de inmigrantes ilegales. Los casos que involucran a inmigrantes ilegales representan ahora más del 75 por ciento de todos los casos penales que maneja el sistema judicial de la ciudad.

La Heritage Foundation ha estado siguiendo el aumento de los índices de delincuencia vinculados al incremento de la inmigración ilegal. Según un comentario publicado por la Fundación el pasado mes de julio, casi dos tercios de los arrestos federales involucran a inmigrantes ilegales.

En un avance sorprendente, Harris, quien ha ocupado la cartera de seguridad fronteriza desde que asumió el cargo y bajo cuya supervisión millones de nuevos inmigrantes ilegales han ingresado a Estados Unidos, anunció en una entrevista el 29 de agosto con Dana Bash de CNN que si llegase a ser presidente, impulsaría una legislación fronteriza integral para reforzar el control sobre la inmigración.

Cargas fiscales de la inmigración ilegal

El 11 de enero, Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, testificó ante el Subcomité de Integridad, Seguridad y Aplicación de la Ley de Inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El testimonio de Camarota, titulado “El impacto de la inmigración ilegal en los servicios sociales”, incluyó los siguientes puntos:

• La inmigración ilegal es una sangría fiscal neta, lo que significa que los inmigrantes ilegales reciben más en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos. La causa principal es su menor nivel educativo: el 69% de los inmigrantes ilegales adultos carece de educación más allá de la secundaria (en comparación con el 35% de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos). Esto se traduce en ingresos medios y contribuciones fiscales más bajos.

• Los inmigrantes ilegales hacen un uso intensivo de la asistencia social. Los datos del gobierno estiman que el 59 por ciento de los hogares de inmigrantes ilegales utilizan uno o más programas importantes de asistencia social, en comparación con el 39 por ciento de los hogares de nacidos en Estados Unidos.

• El uso de servicios médicos de urgencia es otra carga financiera importante que genera la inmigración ilegal. Estudios anteriores muestran que en 2019 había 5,8 millones de inmigrantes ilegales sin seguro médico, lo que representa más de una quinta parte de la población no asegurada. El costo de brindarles atención médica puede alcanzar los 7.000 millones de dólares anuales, una cifra que se espera que siga aumentando.

Un informe publicado por la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) en mayo mostró que los contribuyentes estadounidenses gastaron 150.700 millones de dólares en 2023 en los millones de inmigrantes ilegales permitidos por la administración Biden-Harris.

Diecinueve estados de Estados Unidos, incluido Nueva York, han gastado cada uno más de mil millones de dólares en diversas medidas relacionadas con los inmigrantes ilegales.

El senador republicano y compañero de fórmula de Trump, JD Vance, ha criticado los miles de millones de dólares que se les quitan en impuestos a los ciudadanos estadounidenses para financiar servicios para personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente. Dijo que ese dinero debería haberse destinado a invertirse en escuelas, policías, departamentos de bomberos y en los estadounidenses que luchan por sobrevivir.

La inmigración ilegal y el Partido Demócrata

El 20 de enero de 2021, el primer día del presidente Joe Biden en el cargo, el flamante mandatario firmó una orden ejecutiva que detenía la deportación de inmigrantes ilegales por parte de las agencias de control de inmigración de Estados Unidos. A partir de entonces, Biden tomó cientos de medidas centradas en la inmigración, docenas de las cuales tenían como objetivo revertir o eliminar políticas de la administración Trump anterior.

El resultado final fue una carga financiera enorme, especialmente para las ciudades de todo el país que ya estaban luchando contra la recesión económica. Desde el verano de 2023, al menos 14 estados controlados por los republicanos han desplegado tropas o proporcionado recursos para apoyar la «Operación Estrella Solitaria» de Texas, estado gobernado por el republicano Greg Abbott.

A medida que se acercan las elecciones y la inmigración amenaza las posibilidades de reelección de los demócratas, la administración Biden ha moderado su postura proinmigración.

El 4 de junio, Biden firmó una nueva orden ejecutiva sobre inmigración que estipula que si el promedio de siete días de inmigrantes ilegales llega a 2.500, las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México se detendrían y los inmigrantes ilegales serían rechazados automáticamente. Si ese número cayera por debajo de 1.500, las solicitudes de asilo se reanudarían dos semanas después.

Sin embargo, los controles fronterizos laxos y el rápido cambio demográfico en Estados Unidos benefician a los demócratas en las elecciones estatales y federales, lo que garantiza que la inmigración ilegal seguirá siendo un tema candente de desacuerdo partidista.

A principios de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos, a petición de la administración Biden, se pronunció sobre la cuestión fronteriza de Texas, permitiendo a las fuerzas del orden federales, incluida la Patrulla Fronteriza, entrar en las zonas fronterizas controladas por la Guardia Nacional de Texas y retirar secciones de alambre de púas. En respuesta, 25 gobernadores republicanos firmaron una carta conjunta en apoyo al gobernador de Texas, Greg Abbott, en su oposición a la administración Biden. Algunos medios de comunicación especularon con que la crisis fronteriza amenazaba con una segunda guerra civil.

El 13 de febrero, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una propuesta para enjuiciar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien culpan por el aumento sin precedentes de la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año pasado. La votación para enjuiciar al secretario de Seguridad Nacional se quedó corta por un voto, con 214 a favor y 213 en contra.

Aaron Heitke, exjefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego, testificó ante el Congreso el 19 de septiembre y acusó a la administración Biden-Harris de encubrir y exacerbar la crisis fronteriza. Sus revelaciones fueron impactantes:

“Se ordenó a los sectores que recibieran y procesaran a todos los inmigrantes ilegales que se encontraban en la frontera. La Patrulla Fronteriza vio grupos de cientos y miles de personas que entraban a Estados Unidos y se entregaban. Estas cifras hicieron que entre el 80 y el 90 por ciento, a veces el 100 por ciento, de los agentes en servicio abandonaran la frontera. Las zonas de la Patrulla Fronteriza en Texas, Arizona y California no tuvieron presencia de agentes durante semanas y meses seguidos. Aquellos que no querían ser atrapados podían entrar sin más. No tenemos idea de quién y qué entró en nuestro país durante este tiempo”.

Heitke también testificó que funcionarios de alto rango lo presionaron a él y a sus colegas para que guardaran silencio sobre el marcado aumento del número de inmigrantes ilegales con vínculos terroristas que cruzaban la frontera. Esto se debía a que el gobierno quería que el público creyera que no había ninguna amenaza en la frontera.

Desde el año fiscal 2021, 382 extranjeros incluidos en la lista de vigilancia terrorista han sido detenidos al cruzar ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos. Entre los años fiscales 2021 y 2023, el Departamento de Seguridad Nacional liberó al menos a 99 personas incluidas en la lista de vigilancia en el país.

El 17 de marzo de 2024, Mark E. Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, publicó un artículo de opinión en National Review titulado “La crisis fronteriza de Biden también es una crisis delictiva”.

En el texto, Green documentó pruebas de que el presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se negaron a proteger la frontera, lo que desencadenó una nueva ola de delincuencia en todo el país.

Con las políticas de no aplicación de la ley de Mayorkas, el número de inmigrantes ilegales delincuentes arrestados por el ICE se redujo significativamente en comparación con la administración Trump. En el año fiscal 2019, el 86 por ciento de todos los arrestos administrativos estaban dirigidos contra delincuentes extranjeros, cifra que aumentó al 90 por ciento en 2020. Sin embargo, estas cifras se desplomaron al 32 por ciento en 2022 y al 43 por ciento en 2023.

Este “declive” se produjo porque, bajo las directivas de Mayorkas, muchos delitos cometidos por inmigrantes ilegales nunca se registraron, ya que algunas jurisdicciones se negaron a documentar o divulgar esta información.