Imputaron al expresidente Alberto Fernández por contrataciones millonarias de seguros en el Estado argentino

El expresidente argentino, Alberto Fernández, fue imputado en una causa que investiga supuestas irregularidades en contrataciones millonarias de seguros por parte del Estado nacional cuando él era mandatario.

En la denuncia, presentada por la abogada Silvina Martínez, se hace referencia al Decreto n° 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021, donde se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública “Nación Seguros SA” (dependiente del Banco Nación).

Según una investigación periodística del diario Clarín -citada en la denuncia-, “Nación Seguros”, a su vez, subcontrató a un intermediario que cobró una comisión del 17% (tres veces mayor a la del mercado) en seguros destinados a la ANSES. En total, las ganancias de estas comisiones fueron de trescientos millones de pesos (300 mil dólares) mensuales y veinte mil millones de pesos (20 millones de dólares) anuales.

Los intermediarios que recibieron esas ganancias fueron Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la histórica Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero).

El juez federal Julián Ercolini, que recibió por sorteo la denuncia, le giró el caso a la fiscalía 6, a cargo -temporalmente- de Ramiro González. El fiscal detalló que los imputados son el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa, “sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”.

Asimismo, Alberto Pagliano fue amigo de la juventud del ex Presidente Fernández y lo acompañó en la década de los noventa en el rubro «seguros».

Luego de salir a la luz este caso, se confirmó que el expresidente recibió en al menos tres oportunidades en la Quinta Presidencial de Olivos a Héctor Martínez Sosa y a otros brokers mencionados en la causa.

La denuncia habla de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Según se informó, el Gobierno de Javier MIlei se sumará como querellante en la causa a través de la Oficina Anticorrupción.