Hungría refuerza su soberanía: Orbán aprueba la Ley ‘Stop Soros’ contra influencias extranjeras
El pasado 16 de mayo, el gobierno de Hungría, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, aprobó la ley conocida como ‘Stop Soros’, una medida destinada a contrarrestar la influencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación financiados desde el extranjero, especialmente por el magnate húngaro-estadounidense George Soros.
Esta legislación, impulsada por el partido Fidesz, busca proteger la soberanía nacional frente a lo que el gobierno considera agendas globalistas que promueven causas progresistas, como el aborto, el lobby LGBT y las políticas de fronteras abiertas, a menudo presentadas bajo el eufemismo de “derechos humanos”.
La ley ‘Stop Soros’ otorga a la Oficina para la Protección de la Soberanía, creada en 2023, amplias facultades para supervisar, restringir y sancionar a organizaciones que reciban financiación extranjera y busquen influir en la vida pública húngara. Estas entidades podrían ser incluidas en una lista gubernamental, enfrentar multas de hasta 25 veces el monto de los fondos recibidos y, en casos de reincidencia o impago, ser clausuradas. Además, los donantes húngaros deberán certificar que sus aportaciones no provienen indirectamente del extranjero, y las deducciones fiscales para donaciones a ONG estarán limitadas. El gobierno defiende estas medidas como esenciales para salvaguardar la identidad húngara, sus valores cristianos y las políticas familiares promovidas por el Estado.
El nombre de la ley alude a George Soros, el especulador financiero que cuenta con varias fundaciones que defienden causas progresistas-globalistas. Orbán ha señalado a Soros como un símbolo del globalismo, acusándolo de intentar imponer una agenda izquierdista que, según él, amenaza los valores tradicionales de Hungría. Esta narrativa ha sido central en la visión de “democracia iliberal” del primer ministro, que prioriza la soberanía nacional frente a influencias supranacionales.
La legislación ha generado críticas de sectores que consideran que restringe la libertad de asociación y silencia voces disidentes. En el pasado, medidas similares, como la ley de 2018 que penalizaba la ayuda a inmigrantes, fueron declaradas contrarias al derecho europeo por el Tribunal de Justicia de la UE, lo que sugiere que la ‘Stop Soros’ podría enfrentar desafíos legales. Sin embargo, el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la transparencia y proteger a Hungría de intentos externos de desestabilización, especialmente de cara a las elecciones del próximo año y en medio de tensiones con la Unión Europea.
La ley se enmarca en la postura de Orbán contra el globalismo, un pilar de su discurso político. En eventos como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de 2024, el líder húngaro abogó por un “orden mundial soberanista” que contrarreste agendas globalistas, alineándose con movimientos conservadores en Europa y Estados Unidos. La ‘Stop Soros’ forma parte de esta estrategia para limitar la influencia de organizaciones que, según el gobierno, promueven valores contrarios a los intereses nacionales.
Desde que asumió el poder en 2010, Orbán ha implementado políticas para restringir la influencia de ONG y medios independientes. Ejemplos incluyen la ley de 2017 que obligaba a las ONG con financiación extranjera a registrarse como “organizaciones apoyadas desde el extranjero” y la presión que llevó a la Universidad Centroeuropea (CEU), financiada por Soros, a trasladar gran parte de sus operaciones a Viena. Estas acciones han generado procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea, que acusa a Hungría de vulnerar derechos fundamentales.
Con el respaldo de la mayoría parlamentaria de Fidesz, la ley ‘Stop Soros’ refuerza el control del gobierno sobre la esfera pública. Aunque ha sido elogiada por sectores conservadores internacionales como un paso hacia la defensa de la soberanía, organizaciones de derechos humanos advierten que estigmatiza a las ONG y dificulta su labor. La medida consolida la posición de Hungría como un actor clave en el debate global sobre soberanía frente al globalismo, y su impacto en la sociedad civil y las relaciones con la UE será un tema crucial en los próximos meses.
