Huawei y el PCCh ganan terreno en España mientras crecen las tensiones con EE.UU.

Un nuevo escándalo sacude las relaciones entre España y Estados Unidos tras revelarse que equipos de almacenamiento fabricados por Huawei —una empresa con estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh)— forman parte de sistemas críticos de seguridad del Estado español. La revelación ha generado alarma en Washington ante el riesgo de que información confidencial termine en manos del régimen chino, cuestionado a nivel internacional por prácticas represivas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Huawei en el corazón del sistema de seguridad español
Según una investigación de The Objective, dispositivos de Huawei, como los modelos OceanStor Dorado 3000 V6 y FusionServer 2288H V5, han sido instalados en el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel), herramienta utilizada por la Policía Nacional para interceptaciones legales. Estos equipos también operan en áreas clave de la Guardia Civil, como la Unidad Central Operativa (UCO) y el Servicio de Información, que gestionan investigaciones sensibles sobre narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
Estos sistemas manejan cientos de terabytes de información crítica: grabaciones, pruebas judiciales, informes confidenciales y comunicaciones interceptadas en operaciones de alto perfil, muchas de ellas en colaboración con agencias como la DEA estadounidense. La integración de tecnología china en estas estructuras levanta serias dudas sobre la seguridad de la información compartida entre España y sus aliados estratégicos.
Washington reacciona
La respuesta desde Estados Unidos no se hizo esperar. Los presidentes de las comisiones de Seguridad del Congreso y del Senado enviaron una carta conjunta a altos funcionarios, incluidos los directores de la CIA y la NSA, alertando sobre los riesgos de compartir información con un país que emplea tecnología de una empresa estrechamente vinculada al aparato de inteligencia chino.
En la misiva, Huawei es señalada como un riesgo estratégico, debido a su conocida relación con el PCCh, un régimen acusado de espionaje, censura masiva y represión sistemática. Esta preocupación no es nueva: la empresa ha sido sancionada y restringida en múltiples países occidentales por motivos similares.
Una amenaza a la seguridad nacional
Fuentes del Estado español han confirmado que los sistemas de Huawei almacenan información altamente sensible, incluso datos derivados de operaciones conjuntas con agencias internacionales. Un ejemplo claro es la cooperación entre España y la DEA en la lucha contra el narcotráfico en el sur del país, una zona clave para las rutas de entrada de droga a Europa.
La posibilidad de que estos datos puedan ser vulnerables ha encendido las alarmas. Además, contrasta con las medidas adoptadas por otros países de la OTAN y la Unión Europea, como Reino Unido, Francia y Alemania, que han restringido o directamente prohibido el uso de tecnología china en infraestructuras críticas. La postura más permisiva de España podría erosionar su credibilidad y confianza dentro del bloque occidental.
Una relación estratégica con Beijing
Más allá del caso Huawei, el Gobierno español ha adjudicado contratos a otras empresas chinas igualmente polémicas, como Hikvision, fabricante de cámaras de vigilancia acusado de colaborar con la represión del pueblo uigur en Xinjiang.
Según una investigación de El Español, más de 40 cámaras de Hikvision custodian el perímetro del complejo de La Moncloa, residencia oficial del presidente Pedro Sánchez. Estas cámaras, equipadas con reconocimiento facial y monitoreo en tiempo real, también fueron instaladas en dependencias estratégicas como el Ministerio del Interior, Renfe, Correos y la Agencia Tributaria.
El contrato, adjudicado en 2022 por 118.580 euros para modernizar el sistema de videovigilancia de La Moncloa, no hizo referencia a las advertencias internacionales sobre la empresa. Hikvision ha sido vetada en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y por el Parlamento Europeo, que la considera una amenaza directa a la seguridad nacional.
Hikvision y la vigilancia del régimen chino
Hikvision ha sido incluida en listas negras por la administración estadounidense y prohibida en varios países por su presunta participación en sistemas de vigilancia utilizados en campañas de represión, especialmente contra minorías religiosas como uigures y practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa.
Diversos informes señalan que su tecnología fue empleada para facilitar detenciones masivas y un control sistemático en la región de Xinjiang. La empresa, con sede en Hangzhou, mantiene vínculos conocidos con el aparato de inteligencia chino, lo que ha intensificado las críticas a su uso fuera del país asiático.
Un dilema geopolítico para España
La decisión del Gobierno español de mantener vínculos comerciales y tecnológicos con empresas vinculadas al PCCh ha sido interpretada como un acercamiento estratégico a Beijing. Esta postura, sin embargo, ha generado inquietud en Washington y podría comprometer la cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad.
España se encuentra en una encrucijada: por un lado, necesita sostener su cooperación con socios internacionales clave para enfrentar desafíos globales como el narcotráfico y el terrorismo; por otro, su dependencia de tecnología china en sectores sensibles podría socavar la confianza de esos mismos aliados.